Macky Arenas | Jul 16, 2017
Nunca más vigente el premonitor mensaje de San Juan Pablo II: “Por más poderoso que sea un dictador, es sólo un hombre. No tengan miedo”
Para responder a esta pregunta debemos remontarnos a las ocasiones recientes en que arbitrariamente se negó al país consultas populares -como referendos y elecciones- a que obligaba la Constitución. Con la ayuda del Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Electoral, genuflexos por completo al régimen de Nicolás Maduro, se fueron burlando los lapsos, generando decisiones, interpretaciones discrecionales de la normativa y retrasos que condujeron al callejón sin salida en que nos encontramos hoy. Los fallidos intentos de diálogo cerraron caminos mientras un verdadero tsunami amenazaba con arrasar la poca arquitectura política que ofrece algún piso a un gobierno que ha rechazado sistemáticamente toda propuesta de salida sensata. El resultado es un país en rebelión y un caos en puertas.
La gota que colmó el vaso fue la imposición, por parte de Maduro y contra toda lógica, de un inconstitucional proceso para levantar una Asamblea Constituyente el 30 de Julio próximo la cual “constitucionalizaría el comunismo en Venezuela”. Con esas palabras alertó al país Mons Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, resumiendo las intenciones del gobierno y los peligros a los cuales estaría definitivamente expuesta nuestra sociedad.
Los documentos del episcopado han venido calificando reiterativamente de “moralmente inaceptable” lo que el régimen ha venido haciendo con Venezuela, principalmente por las consecuencias nefastas sobre los derechos humanos y la indignidad de las condiciones de vida de grandes mayorías excluidas. De hecho, hace pocos días, la Iglesia confirmó estar llevando adelante su propio canal humanitario porque “se cerraron las puertas con el gobierno” después de las conversaciones iniciales.
Los factores democráticos en el país -conscientes de que siempre se puede estar peor- ante la insostenibilidad de la situación social y económica y la inminencia de la realización de la Constituyente madurista para finales de mes, decidieron tomar la delantera y convocar para este domingo 16 una consulta popular la cual, a manera de plebiscito, permitirá a los venezolanos mostrar su opinión en torno a esa pretensión del Presidente.
El gobierno, altamente preocupado, pues sabe perfectamente que una abrumadora mayoría se volcará a las mesas de votación para frenar su intención, ha llegado al extremo de prohibir a todo el espectro radioeléctrico –bajo pena de sacarlos de aire e incluso el cierre- siquiera mencionar las palabras plebiscito o consulta popular y abstenerse de informar al respecto.
Esto ha provocado la protesta airada del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en rechazo a la censura y la ilegalidad de la medida: “Además de rechazar la medida de Conatel (*) y denunciar sus actuaciones para favorecer una parcialidad política, el SNTP demanda de los medios de comunicación el máximo compromiso con la responsabilidad de informar, con la búsqueda de la verdad y con la necesidad de reflejar al país con los distintos matices que los componen…”
*No contentos con ello y para mayor evidencia de su desazón, el gobierno ha llamado a sus partidarios a un simulacro de lo que sería el proceso al que han convocado para el 30 de Julio, justo este domingo 16!. Es decir, que la oposición consultará al pueblo si rechaza o no la propuesta constituyente del presidente Nicolás Maduro y el oficialismo, a través del Consejo Nacional Electoral (CNE), ensayará sobre cómo votar para elegir los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
El día lo definen como un escrutinio en el que cada grupo intentará mostrar su fuerza. Para los analistas, la intención del oficialismo es sabotear el proceso propuesto por la Asamblea Nacional donde los simpatizantes de la oposición deberán responder tres preguntas en las que evaluarán la aprobación o no de una nueva Constitución, el papel de la Fuerza Armada Nacional y la renovación de los poderes públicos.
Mientras que los seguidores del oficialismo conocerán cómo será el proceso de votación para la elección de la constituyente. Dos eventos distintos de medición en donde el Gobierno no participará en la consulta popular y la oposición no acudirá al simulacro.
Nada menos que la Asamblea de la Conferencia Episcopal Venezolana, que se acaba de celebrar, envió el lunes de esta semana al señor Maduro una carta en la que le pide “retirar” la convocatoria a la Constituyente. Calificados sectores de la sociedad venezolana, en reciente comunicado público, sentenciaron que el señor Maduro “tiene en sus manos la iniciativa de suspender el acto electoral fijado para el 30 de julio y abrir así un compás de oportunidad para el entendimiento más amplio entre los venezolanos”. Pero nadie se hace ilusiones.
La gente sabe que lo que está en juego es el destino político inmediato de esta nación. Un destacado comentarista escribió ayer: “Se ha dicho que, en virtud de que está organizado por el pueblo y no por el Poder Electoral representado por el CNE, ese referendo no estará investido de carácter vinculante. Sólo desde el punto de vista formal, eso es cierto, pero si, como se espera, se rebasa fácilmente la cifra de los 10 millones de votantes, es indudable que el referendo va a tener enormes y rápidas consecuencias políticas”. No tendrá efecto vinculante pero si un devastador efecto político. En esta coyuntura, eso es peor para el régimen y por eso le temen. La Iglesia, quien mejor lleva el pulso del país, no para de advertir: “Si la Constituyente se impone la reacción será muy violenta”. Que el pueblo decida y que Dios nos proteja-
*Comisión Nacional de Telecomunicaciones*
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