Raúl Trejo Delarbre
Con un comunicado de 47 palabras, el gobierno federal propinó a la reforma educativa un golpe contundente e injusto. La suspensión indefinida de los procesos de evaluación para los profesores ha sido particularmente escandalosa por inopinada y repentina. El parco boletín de la Secretaría de Educación Pública, difundido la tarde del viernes 29 de mayo, resultó tan inaceptable incluso para sus autores que pocas horas más tarde lo retiraron del sitio de esa dependencia. Pero se trata de una medida que tuvo que haber sido aprobada en las cúpulas del gobierno federal y de la propia SEP y que lastima a la reforma de los años recientes que más consensos encontró en la sociedad y entre los partidos políticos.
La suspensión de los concursos para ingreso, promoción y permanencia de los profesores es ilegal, ofensiva y absurda. La SEP contraviene la Constitución y las leyes en materia de educación al interferir procesos de evaluación que se encontraban ya en curso.
El meollo de la reforma de 2012 y 2013 fue, precisamente, el establecimiento de evaluaciones para el desempeño de los profesores y como único criterio en la contratación de nuevos docentes. Esa tarea, para ser confiable, es diseñada y revisada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEE, un organismo público y autónomo.
La cancelación de las evaluaciones fue decidida por el gobierno de manera tan repentina y unilateral que ni siquiera los miembros de la Junta de Gobierno del INEE estaban enterados. La indignación que manifiesta el comunicado que ese organismo publicó al día siguiente, el sábado, indica la gravedad de la decisión de la SEP. La Secretaría, explican, “atenta contra el artículo 3º de la Constitución”, se trata de una medida que “no tiene fundamento” y de “una invasión a la competencia del INEE (que) vulnera su autonomía constitucional”.
Más aún, la SEP amenaza el próximo ciclo escolar que no podrá comenzar “con los docentes, directivos y asesores técnico-pedagógicos que cumplan con los conocimientos y las habilidades profesionales que establece la ley”. Además, “se atenta contra el derecho de casi 400 000 mexicanos” que aspiran a ser profesores, o lo son ya y quieren promoverse o lograr incentivos a los que tienen derecho.
La decisión de la SEP también es agraviante por la ausencia de explicaciones. El ahora desaparecido Comunicado 129 simplemente anunció la suspensión de las evaluaciones “con motivo de nuevos elementos a considerar”.
Tales motivos, para el presidente Enrique Peña Nieto —sin cuya autorización es impensable que se hubiera tomado esa medida— y para el secretario Emilio Chuayffet, fueron más importantes que la educación de millones de niños y jóvenes, los derechos laborales y al trabajo de 400 mil ciudadanos y la autonomía constitucional del INEE. También prevalecieron sobre el trabajo político que el propio gobierno hizo en las primeras semanas de la actual gestión y que contó con la disposición de los partidos para aprobar una reforma educativa insuficiente pero de innegable trascendencia.
La ausencia de explicaciones, que ratifica la inhabilidad o al menos la renuencia argumental del gobierno de Peña Nieto, ha propiciado inmediatas especulaciones. La más generalizada sugiere que el gobierno suspende la evaluación como resultado de las exigencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que amenazó con boicotear las elecciones del domingo próximo.
De ser así, estamos ante la claudicación del Estado frente a chantajes de un grupo estridente, que ciertamente ha sido capaz de entorpecer la vida pública en demasiadas ocasiones recientes pero que es minoritario entre los maestros y que no tiene el respaldo de la sociedad.
Se trataría, además, de una decisión fallida porque la CNTE ha dicho que la postergación de la evaluación educativa no es su única exigencia. Este lunes hará otra marcha en la ciudad de México y reforzará el ya añejo plantón en el Monumento a la Revolución. Así que el gobierno entrega una de las pocas medidas que han tenido respaldo social y reconoce su incapacidad para garantizar la realización sin conflictos de las elecciones.
Para los siguientes dos meses, el INEE tenía previsto el concurso para promoción de los docentes que quieran desempeñar funciones de asesoría técnica pedagógica en educación básica (15 al 30 de junio) y en la enseñanza media superior (4 al 19 de julio). También del 4 al 19 del mes próximo debía realizarse la evaluación nacional para profesores de educación básica y media superior que ingresaron antes de febrero pasado. En esas fechas además serían los concursos de oposición abiertos para aspirantes a plazas docentes en escuelas de enseñanza básica y media superior. Y del 30 de julio al 7 de agosto, la evaluación de aspirantes a funciones de asesoría técnica pedagógica temporal.
Todos esos son procesos nacionales, que requieren una preparación cuidadosa. La modificación de tales fechas los afecta, sobre todo ante el ciclo escolar que comienza en agosto.
La evaluación les permite a los profesores que sí trabajan, y que sin duda son mayoría, hacer valer sus méritos y ganar promociones y mejores condiciones laborales. A los jóvenes que quieren ser maestros, les garantiza que los tomen en cuenta sin tener que someterse a mecanismos clientelares. Además la evaluación permite que conozcamos la situación real de la enseñanza en México.
Por ejemplo, ahora se puede constatar que la preparación de los profesores es muy desigual. Una investigación reciente del INEE (Los docentes en México. Informe 2015) muestra los resultados de las evaluaciones entre alumnos de los últimos semestres en escuelas normales de todo el país. En 2013, los exámenes generales de conocimientos indicaron que el 17.7% de quienes estudiaban para profesor de primaria en normales públicas alcanzó el nivel de “sobresaliente”. Sin embargo el 38.4% fue calificado con el nivel de “insuficiente”. En las normales privadas, en el mismo nivel, los estudiantes en el nivel “sobresaliente” fueron apenas el 8% y los ubicados en el rango “insuficiente” el 58% En la licenciatura para la enseñanza de las matemáticas en escuela secundaria, en normales públicas, el 26.6% de los aspirantes a profesores lograron el nivel “sobresaliente” y el 28.6% “insuficiente”.
Ahora el ingreso al servicio profesional docente es por concurso. En el concurso de ingreso 2014-2015 se presentaron a evaluaciones 165 mil 384 aspirantes, la mayoría (130 mil 512) para plazas en educación básica. Casi todos ellos, 123 mil 038, fueron evaluados con dos exámenes, de conocimientos y habilidades para la práctica docente y de habilidades y responsabilidades ético profesionales. De esos aspirantes, solamente el 40.4% obtuvo resultados considerados como “idóneos”. El 59.6% fueron calificados como “no idóneos”. Pero hay diferencias de un estado a otro. En Querétaro, el 58% de los aspirantes alcanzó resultados idóneos. Pero en Chiapas y en Tabasco los “no idóneos” fueron 80%, en Guerrero el 77%, en Michoacán el 67%.
La evaluación docente es un derecho de los profesores y los alumnos. El gobierno falla al dejarla en la indefinición. Por lo pronto, y a menos de una semana de que vayamos a las urnas, esa torpe medida incorpora el tema de la educación en la agenda electoral. Los ciudadanos podrán votar, o rechazar, a los partidos que defienden o a los que desprecian la reforma educativa aprobada con tanta algarabía hace menos de dos años. O habrá, claro, quienes ante esa pobreza de opciones decidan anular su voto.
Fuente: Diario La Crónica, 1° de junio de 2015
No hay comentarios:
Publicar un comentario