Denise Dresser | 1 septiembre, 2020
En campaña, Andrés Manuel López Obrador prometió el fin de la guerra y el inicio de la paz. Las fuerzas armadas dejarían las calles y regresarían a los cuarteles. El lopezobradorismo humanista sustituiría al calderonismo sangriento. Y, sin embargo, no ha sido así: las fuerzas armadas cada día tienen más poder, más recursos, más tareas, más negocios y más margen de acción.
El presidente ha demostrado una afinidad electiva por la militarización y no sólo de la seguridad pública. Los militares ahora construyen aeropuertos, distribuyen medicamentos, operan puertos y aduanas, hacen negocios y se convierten –de facto– en uno de los pilares de la gobernabilidad de la “Cuarta Transformación”. El llamado “cambio de régimen” está ocurriendo, pero no necesariamente a favor de mayor democratización. AMLO abiertamente apoya la militarización.
Justificada de múltiples maneras, aunque algunas contradigan posiciones que alguna vez sostuvo y se comprometió a mantener. Atrás quedó la narrativa de “abrazos no balazos”. Atrás quedó el argumento de que la violencia no se combate con más violencia. Atrás quedó la narrativa del mando militar subordinado al mando civil. Ya ni siquiera se intenta convencer de lo contrario.
El presidente presume, estelariza y proclama abiertamente su preferencia por el Ejército y la Marina y la Guardia Nacional. Luis Crescencio Sandoval es un acompañante asiduo de la mañaneras, mientras que la figura de Alfonso Durazo se desdibuja y se desvanece.
La mano derecha del presidente siempre es alguien de casaca, vestido de verde olivo. AMLO admira la ética militar, la disciplina militar, la incorruptibilidad militar. Y por eso ha subcontratado partes tan importantes de la gobernanza de México a quienes considera impolutos.
Lástima que la evidencia reciente contradiga su percepción. De acuerdo con un reportaje puntual de El País, la Secretaría de la Defensa Nacional no es tan prístina como la pinta el presidente. Entre 2013 y 2019 la Sedena pagó 2 mil 371 millones de pesos a 250 compañías que la Auditoría Superior de la Federación declaró como “fantasma”.
Así queda registrado en 11 mil 175 comprobantes digitales que demuestran caso tras caso de desvíos, caso tras caso de daños al erario a través de hospitales militares, supuestos servicios de obra civil, presuntos gastos de la Dirección General de Comunicación Social, servicios de masaje e hidratación, provisión de playeras y medallas para eventos deportivos, y unidades habitacionales militares, el Heroico Colegio Militar, el Cine del Centro de Atención Social Para Militares Retirados, el Campo Militar de Santa Lucía. La red de empresas contratistas falsas recorre la república y el lodazal alcanza incluso a personajes cercanos a Morena.
Así como la promesa presidencial de barrer la escalera de arriba abajo se saltó el peldaño de Manuel Bartlett, ahora brinca por encima de la corrupción castrense. Porque hasta la fecha y a pesar de investigaciones periodísticas previas, ningún mando ha sido investigado o sancionado o destituido.
La Sedena lleva años desviando dinero, primero con la anuencia de Enrique Peña Nieto y ahora con el aparente aval de AMLO. Millones de pesos desviados que acabaron en manos de quienes ahora las tienen manchadas. La pulcritud militar se ha transformado en el patrimonialismo maloliente.
Aunque la perniciosa práctica –herencia del peñanietismo– ha disminuido en los últimos dos años debido al activismo del SAT, aún persiste. Y persistirá si López Obrador continúa tratando a las fuerzas armadas como miembros privilegiados de su coalición gobernante, en vez de instituciones sujetas a las reglas de la transparencia y a las exigencias de la ley.
Las últimas revelaciones constatan un patrón y es preocupante. A la Sedena no se le aplicarán los decretos de austeridad, los recortes republicanos o la lupa selectiva de la Secretaría de la Función Pública. Se le permitirá actuar en un universo ético y legal paralelo.
Se le otorgará la capacidad de operar en un contexto de excepción. Será un suprapoder marchando al margen de la legalidad, tomando decisiones en la más completa opacidad.
Gracias al pretexto de “por cuestiones de seguridad nacional”, las fuerzas armadas tendrán un cheque en blanco para conducirse de manera extralegal. Impunidad mata incorruptibilidad.
Hoy no sabemos exactamente qué montos maneja la Sedena para una amplia gama de negocios y actividades en la cual está involucrada. Hoy no conocemos con precisión cómo se han otorgado los contratos en el aeropuerto de Santa Lucía o para el equipamiento de la Guardia Nacional. Lo que sí evidencia la investigación disponible es que las fuerzas armadas son capaces de cometer actos de corrupción como cualquier otra institución. Los generales no son ángeles y pueden volverse demonios si AMLO lo sigue permitiendo.
Porque de acuerdo con la perspectiva excepcionalista del presidente, la Sedena puede vigilarse a sí misma. Puede ser juez y parte de procesos de corrupción en los cuales está involucrada. Los militares supervisan y sancionan a los militares, lo cual suele llevar a investigaciones inexistentes y exoneraciones ininteligibles. Los tribunales castrenses son los únicos competentes para juzgar a los suyos y suelen no hacerlo o llevarlo a cabo de manera opaca.
Así la militarización de México procede a pasos veloces, acompañada de una corrupción que difícilmente puede ser detectada o investigada o sancionada. Podría darse en Santa Lucía o en los tramos del Tren Maya, así como ocurrió en la construcción de la barda perimetral del aeropuerto de Texcoco, donde la Sedena subcontrató servicios con 168 facturas falsas.
AMLO está engendrando a una criatura del Estado que ha demostrado la capacidad de desfalcarlo. Y la corrupción de los supuestamente incorruptibles no es sólo un peligro para el erario, es un peligro para el país.
https://www.proceso.com.mx/646097/la-corrupcion-de-los-incorruptibles-columna-denise-dresser?fbclid=IwAR3YhzOkGZP0R5A83nCAOmmYl0IFDOrqKKswc3xp75KfjfR57HCNOKoLgf0
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