La difícil situación a partir del "golpe de estado judicial"
A partir del día 13 de mayo el presidente Nicolás Maduro ha prolongado el estado de excepción y emergencia en Venezuela por 60 días, porque se mantiene "el asedio contra la recuperación de la economía venezolana" y la "actitud hostil" de la oposición venezolana con el llamado al "desconocimiento de las autoridades legal y legítimamente constituidas".
La crisis política de Venezuela se agudizó al asumir el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) las funciones del Parlamento, decisión calificada por su amplia mayoría opositora como "un golpe de Estado". Ante esto el gobierno de Maduro acusa de “desacato al a Asamblea Nacional (AN), que rechaza acogerse a los dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia”.
El presidente del Parlamento, Julio Borges denunció el día 20 de marzo que el presidente Nicolás Maduro dio un golpe de Estado en el país. "Esto no tiene otro nombre que dictadura y golpe de Estado. Nicolás Maduro tiene todos los poderes de la Constitución otorgados por una sala ilegal. Venezuela no tiene Constitución", indicó Borges desde las afueras del Palacio Legislativo.
El 31 de marzo de 2017, la fiscal general de la república Luisa Ortega Díaz declaró en la televisión estatal venezolana, sosteniendo una copia de la Constitución de 1999 que la sentencia del TSJ era una "ruptura del orden constitucional" y dijo que era su "deber de informar a mi país de mi profunda preocupación por estos eventos". Borges, Presidente de la Asamblea, declaró que los funcionarios deberían seguir el ejemplo de Ortega y pidió a los militares "que obedezcan las órdenes de su conciencia". Mientras tanto, los manifestantes fueron reprimidos por la Guardia Nacional (GN) armada con perdigones y bastones. Muchos manifestantes fueron arrestados, con los medios de comunicación atrapados en el asalto y sus cámaras confiscadas, una mujer reportera de Caracol Radio fue señalada por un grupo de tropas y golpeada.
Desde entonces la población y asambleístas se vienen manifestando casi diariamente, bajo la represión de la Guardia Nacional Bolivariana y de los “colectivos armados” que han causado ya 49 muertos entre la población civil manifestante.
El cardenal venezolano Jorge Urosa Savino ha denunciado la actuación del gobierno utilizando estos grupos de colectivos para atacar a las manifestaciones indicando que "hemos querido destacar (...) nuestro rechazo a esa represión absolutamente desmedida con la cual se ha enfrentado estas manifestaciones, que han empezado siempre con manifestaciones pacíficas pero que, luego, llega un momento, reciben un ataque absolutamente inadecuado y exagerado".
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) emitió un comunicado sobre la persecución y arresto de reporteros, camarógrafos y periodistas que intentan cubrir las protestas en Venezuela, por parte de la GN.
El 12 de abril, luego de más de una semana de protestas, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) dio a conocer datos recabados por la ONG Espacio Público en los que más de 29 periodistas han sido atacados, golpeados, agredidos, acosados o presionados para que no realicen su trabajo en la capital o el interior venezolano.
Según The New York Times, expertos y testigos aseguran que los colectivos actúan como una "fuerza de intimidación" más "brutal" que las Fuerzas Armadas, y en algunos casos "mortal", como el caso de Paola Ramírez asesinada por presuntos colectivos durante una manifestación opositora el 19 de abril de 2017, ese mismo día, varios jóvenes fueron agredidos por colectivos. Más tarde se confirmaba también la muerte de Carlos Moreno, joven de 17 años herido de bala por supuestos colectivos. El 12 de abril de ese mismo año, fue reportada la muerte de Miguel Ángel Colmenares de 36 años, debido a heridas causadas por 11 impactos de bala. También Brayan Principal, un adolescente de 14 años que junto a Miguel habrían sido atacados por colectivos. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, se pronunció respecto a los asesinatos diciendo “Basta de asesinatos a manos de criminales colectivos armados por régimen dictatorial”.
Reacción internacional contra el golpe de estado
A raíz de la decisión del TSJ venezolano, un grupo de 20 países pidió formalmente a la presidencia del Consejo Permanente de la OEA una sesión extraordinaria sobre Venezuela para el lunes 3 con la finalidad declarar que en esa nación hay “una alteración del orden constitucional”. Entre estos países estuvieron Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Jamaica, Barbados, Bahamas, Guyana, Antigua y Barbuda y, tal vez, Uruguay y algunas naciones caribeñas
La ONU también se sumó a las condenas contra la crisis en Venezuela y expresó su “grave preocupación” por la decisión del TSJ y le pidió que lo reconsidere, en vista de que “la separación de poderes es esencial para que la democracia funcione”.
La coalición opositora de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en un comunicado, instó al Ejército a restablecer la democracia en Venezuela. “Ya la fiscal se manifestó: ‘las sentencias TSJ son una ruptura del orden constitucional’… La FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) no puede permanecer callada ante violaciones de la Constitución”, reza el documento.
Otro bloque que convocó a una reunión urgente fue el Mercosur, con el fin de analizar posibles soluciones a la crisis en Venezuela. La reunión de cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se realizó este sábado en Buenos Aires, según el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino.
Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la “grave injerencia” del TSJ en la Asamblea: “Estas nuevas decisiones constituyen una usurpación de las funciones del Poder Legislativo por parte de los poderes Judicial y Ejecutivo, así como una anulación de facto del voto popular mediante el cual fueron elegidos los diputados de la Asamblea Nacional”, afirmó la CIDH en un comunicado emitido desde su sede en Washington.
La difteria, la malaria y la mortalidad infantil se disparan en Venezuela
El pasado jueves 11 de mayo, fue removida la ministra de Salud, Antonieta Caporale, por divulgar estadísticas del año 2016 que demostraron el incremento de la mortalidad materna e infantil. De acuerdo con el informe, en 2016 la mortalidad infantil repuntó un 30% con respecto a 2015; la mortalidad materna, un 65%. Una enfermedad erradicada hace dos décadas, la difteria, reapareció el año pasado con 324 casos. La malaria, cuyo control en los años cuarenta formaba parte de la épica nacional, se ha vuelto endémica. En un año se duplicó el número de casos, hasta llegar a algo más de 240.000. El zika mostró un avance espectacular, de 72 casos en 2015 a 59.348 en 2016. La hepatitis A y la tuberculosis también registraron un gran aumento.
Las cifras revelan un panorama casi catastrófico en Venezuela, si a la incidencia de estas patologías se suman la notoria escasez de medicamentos en puestos de salud y farmacias, y la falta de insumos médicos, ya crónica en los hospitales. "Venezuela está viviendo en este momento la peor crisis de salud de su historia republicana", declaró a la agencia Efe Maritza Durán, presidenta de la Sociedad de Medicina Interna de Venezuela.
Posible remoción de la Fiscal General de la República
Es posible que Luisa Ortega Díaz, la fiscal general de la República, siga los pasos de la ministra de Salud. Ortega Díaz levantó su voz a fines de marzo cuando el Tribunal Supremo avanzó sobre las facultades de la Asamblea Nacional. Una versión insistente indica que Maduro estudia sacarla de la Fiscalía después de que Ortega criticara el sometimiento de civiles a la justicia militar.
El estado soviético perfeccionado
Tener un Gobierno en Caracas que mantenga dicha ayuda es un objetivo vital del Estado cubano. Y Cuba lleva décadas acumulando experiencia, conocimientos y contactos que le permiten operar internacionalmente con gran eficacia y, cuando es necesario, de manera casi invisible”. Es obvio: la prioridad para La Habana es seguir controlando y saqueando Venezuela. Y sabe cómo hacerlo. Los cubanos han perfeccionado las técnicas del Estado policial: la represión constante pero selectiva, la compra de conciencias a través de la extorsión y el soborno, el espionaje y la delación. Pero, sobre todo, el régimen cubano sabe cómo cuidarse de un golpe militar. Esa es la principal amenaza para toda dictadura y, por eso, controlar a las fuerzas armadas es un requisito indispensable para cualquier dictador que se respete. Los cubanos han exportado a Venezuela sus técnicas de control y sus efectos son evidentes: los militares que no simpatizan con el régimen de Chávez y Maduro han sido neutralizados, mientras que quienes lo apoyan se han enriquecido. No es casualidad que en Venezuela haya hoy más generales que en la OTAN o en EE.UU. O que muchos altos oficiales estén exiliados, encarcelados o muertos. Por eso la esperanza de que militares patriotas, democráticos y honrados defiendan a la nación y no a quienes la expolian ha sido hasta ahora tan solo eso, una esperanza.
No obstante, hace 10 días, el líder de la oposición Henrique Capriles informó que habían sido detenidos 85 oficiales de la Fuerza Armada por negarse a atacar a un grupo de manifestantes.
La intervención de la Iglesia Católica
En un comunicado contundente, mientras siguen las protestas y la represión en las calles. Los obispos de Venezuela ratificaron su condena a la propuesta de Asamblea Constituyente impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro. Lo hicieron con una exhortación pública, emitida este 18 de mayo como conclusión de una asamblea extraordinaria. En ese texto lamentaron la “manipulación” de las palabras del Papa Francisco. Y adhirieron a la petición del secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, de que la crisis se podrá superar sólo a través de las elecciones.
En un encuentro con el vicepresidente de la República, Elías Jaua, los obispos ratificaron su rechazo a la iniciativa de reforma de la constitución y, en cambio, abordaron su prioridad número uno: la urgencia de abrir un canal humanitario a través de la organización Cáritas, que permita el ingreso al país de las medicinas y alimentos que escasean sistemáticamente.
Ante la grave crisis política, económica y social que hoy afecta a Venezuela, la presidencia de la Conferencia Episcopal convocó a todas las diócesis a celebrar una intensa “Jornada de Oración por la Paz” los días 20 y 21 de mayo. Al mismo tiempo, los obispos se reunieron estos días en una asamblea extraordinaria para tomar nuevas medidas ante la delicada “situación del país y los diversos contextos marcados por las dificultades que vive Venezuela”.
También pidió la acogida fraternal de quienes están migrando hacia diversos países y que “les ofrezcan con generosidad condiciones de vida digna”, como una forma de hacer frente al drama que se evidencia con mayor peso en las zonas de frontera, donde más de 50 mil personas atraviesan a diario los puentes para mitigar sus dificultades.
En un comunicado el Consejo Episcopal Latinoamericano(CELAM) apeló a las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria solicitándoles que dirijan su acción y recursos “de manera prioritaria hacia Venezuela”, y exhortando al Estado a evitar “el uso desmesurado de la fuerza pública”, que solamente acarrea “más sufrimiento y muerte”.
Jorge Pérez Uribe
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