El desastre de la justicia en la presente administración trae consecuencias. Habrá que pagarlo con sangre o con ingobernabilidad.
Pablo Hiriart | enero 18, 2023
La justicia en México está hecha un desastre.
Con algo de humor negro, más de uno podría decir, ¿y qué otra cosa que dependa del gobierno no lo está?
Nada tiene de gracioso lo que estamos viviendo, porque el país va que vuela hacia la ingobernabilidad.
Hace dos años el narco tenía control de entre 30 y 35 por ciento del territorio mexicano, informó el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, el general Glen Van Herck, en una rueda de prensa realizada en el Pentágono.
Ahora la situación es peor.
El corredor industrial que va de Querétaro, Irapuato, Apaseo y Celaya, es rehén de grupos criminales que secuestran, matan y cobran derecho de piso por trabajar ahí.
El corredor turístico Cancún-Tulum, joya del Caribe mexicano, es botín de los cárteles que cobran por trabajar, por producir y por vivir.
Y no es que falte capacidad en el Ejército, Marina y las áreas de seguridad pública federal. Fue una decisión política, desde el arranque del sexenio, no tocar a los criminales.
La desastrosa quimera de que con abrazos se iba a solucionar el problema se ha vuelto una pesadilla.
El gobierno les dio la mano y ellos se tomaron del codo.
Los hicieron sus compadres. Jugaron con fuego.
Ahora, ¿cómo nos los vamos a quitar de encima? ¿Cómo separar la paja del trigo?
Cualquier persona con uso de razón sabe que recibir un favor del narco implica compromiso. Lo cobran o se lo cobran a su manera.
Hace un año el abogado del Chapo Guzmán decía que cada vez que el Presidente fuera a Sinaloa tendría la protección debida de ese grupo, para que no le pase nada.
Ahora que razones de índole internacional hicieron ineludible la recaptura de uno de los hijos del capo, el abogado salió a cobrar, en un mensaje que el buen entendedor sabrá descifrar.
En el norte de Veracruz, en los municipios indígenas, la gente debe pagar por la cosecha y venta de hojas de maíz. Setenta mil pesos por cosecha y mil 500 pesos por cada tonelada vendida.
Los productores de aguacates en Michoacán deben pagar impuestos al narco, o al crimen organizado.
Ya los grupos se dedican a todo tipo de delitos, no sólo al tráfico y venta de drogas.
A los vecinos del norte se les manda fentanilo, opio y cocaína.
A los comercios en México se les cobra por realizar su actividad.
A los transportistas les ponen cuotas.
A los ejecutivos, en vastas zonas del país, se les levanta o asalta.
A los trabajadores también, para quitarles su quincena o pagar un impuesto fijo a los grupos delictivos.
En Acapulco mataron a una vendedora de aguas frescas porque se negó a pagar los 25 mil pesos de impuestos que le cobraban los criminales.
Hemos visto a los grandes cárteles sacar sus camionetas cargadas de juguetes para repartir regalos en Día de Reyes.
Y niños con rifles de juguete que simulan hacer retenes en el camino para cobrar cuotas a los que por ahí transitan.
Autoridades federales y estatales ponen el ejemplo en la violación de la ley, y mandan señales de que el crimen y la barbaridad están permitidas. Les tiene sin cuidado.
Mandan a la Guardia Nacional a cuidar el Metro, para rescatar una candidatura presidencial que hace agua.
La gobernadora de Guerrero anda en fiestas con su papá mientras periodistas permanecen secuestrados, y se dan a conocer videos de ellos encadenados por hablar del narco en la entidad.
Nuestro Presidente sigue en la tontería de las corcholatas, y que si la oposición, y que Claudio X y los conservadores.
La justicia no está al servicio de la ciudadanía, sino de la política. Del pequeño grupo hegemónico en el gobierno, y de sus compadres, quiero decir.
La fiscalía de la Ciudad de México, por complicidades de ese grupo hegemónico, inició una pesquisa internacional contra la ex nuera del contratista favorito de Morena, José María Riobóo.
La acusan de matar al hijo del contratista, por haberlo conducido hacia malos hábitos de alimentación durante ocho años.
Algo parecido ocurrió con la expareja del hermano del fiscal general de la República, cuya hija (de 70 años de edad) pasó casi dos años en la cárcel, en prisión preventiva, y su mamá (de 94 años) tenía orden de aprehensión. Omisión de cuidados era el cargo.
La esposa de Riobóo, ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, plagió su tesis de licenciatura y continúa en el cargo del máximo tribunal constitucional del país.
La fiscalía del gobierno de la Ciudad de México elaboró un documento que exonera a Esquivel y acusaba al plagiado; es decir, a la víctima.
¿Quién va a respetar la ley en México con esos antecedentes?
El desastre de la justicia en la presente administración trae consecuencias. Habrá que pagarlo con sangre, o con ingobernabilidad.
