VENEZUELA: LA CORRUPCIÓN TRAS EL DESABASTO ALIMENTICIO

Cuatro plumas venezolanas fueron demandadas por reportaje sobre corrupción en la importación de alimentos. Se les acusa de difamación e injuria. Se vieron obligados al exilio para evitar la cárcel

Carlos Zapata | Feb 10, 2018

Cuatro de los más brillantes comunicadores del país, caracterizados por su profundidad, minería de datos y periodismo de investigación partieron luego que tribunales de Caracas admitieran “demanda por difamación” en su contra por reportajes en los cuales denunciaron hechos de corrupción durante la importación de alimentos para Venezuela.
Se trata de trabajos del equipo de ArmandoInfo, contra los que inició procesos penales el contratista Alex Saab, quien acusó de manera directa a Roberto Deniz, Joseph Poliszuk, Alfredo Meza y Ewald Scharfenberg de “afectar” su labor empresarial en Venezuela y también la reputación de su familia.

El editor de la plataforma, Ewald Scharfenberg, fue jefe de redacción de las revistas Exceso y Producto de Caracas y director del suplemento Letra G, del diario Globo.

Trabajó durante una década en agencias de publicidad. Fue corresponsal en Venezuela de Reportes Sin Fronteras (RSF). Desde 2012, hace lo propio para el diario El País de España. Es miembro además del jurado del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación que anualmente entregan el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y Transparencia Internacional.

La situación no es nueva. En los últimos 15 años, más de treinta demandas por difamación registra IPYS Venezuela por parte de funcionarios públicos y contratistas del Estado contra similar número de periodistas y representante de medios de comunicación.

El ataque contra el portal especializado en periodismo de investigación se convirtió así en la demanda número 31 por difamación e injuria desde el año 2002. El material que ocasionó la medida fue el reportaje: “De Veracruz a La Guaira, un viaje que une a Piedad Córdoba con Nicolás Maduro”, que se difundió el 3 de septiembre de 2017. En él, los periodistas revelaron irregularidades en la importación estatal de alimentos en Venezuela, a través de negociaciones que involucran al presidente Nicolás Maduro, a través de la empresa Group Gran Limited.

Más de 120 millones de dólares se han transado entre el grupo y el gobierno para la venta de varias toneladas de alimentos importados, de acuerdo con los hallazgos de la investigación, que muestra vínculos directos con empresarios colombianos actualmente investigados por narcotráfico.

El demandante, Alex Saab, sería cercano a la senadora colombiana Piedad Córdoba y tendría nexos directos en el negocio de la venta de bolsas de comida que reparten los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) en Venezuela.

Las reacciones tras el exilio no se han hecho esperar. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) condenó que los comunicadores fueran demandados por el empresario colombiano Saab, a “propósito un trabajo que evidenció la relación de este personaje, cercano a Piedad Córdoba, con el negocio de las bolsa Clap”.

La directora de Efecto Cocuyo y ex directora del Diario 2001, Luz Mely Reyes, denunció que luego de la demanda, “los periodistas también fueron acosados desde cuentas anónimas con exposición de sus datos personales”.

Tamoa Calzadilla, ex jefa de la unidad de investigación del diario Últimas Noticias(antes de su venta y cambio de línea editorial, ahora favorable al gobierno de Maduro) y actualmente responsable de los proyectos especiales y de investigación de Univisión Noticias, exhortó a que “nadie se quede sin leer los trabajos que el señor Alex Saab no quiere que leas”, en alusión al reporte que inició las demandas. 

De acuerdo con ArmandoInfo, publicado por RunRunEs: “Con la firma de Deniz, el site especializado en periodismo de investigación y responsable de reconocidas investigaciones como la de los Papeles de Panamá y el Outsourcing Militar -que en noviembre pasado obtuvo en Buenos Aires el segundo lugar del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación- , documentó en dos reportajes publicados en 2017 la vinculación de Saab con la empresa Group Grand Limited y la venta al Gobierno venezolano de alimentos para el plan estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), que distribuye alimentos a precios subsidiados en vastos sectores de la población”.

“Los reportajes prueban la conexión de Saab con la distribución de alimentos gracias a los contratos que la empresa Group Grand Limited obtuvo con la administración de Nicolás Maduro. El primero de los trabajos fue publicado en abril del año pasado con el título ‘Empresarios cuestionados en Ecuador y EE.UU. le venden comida al Gobierno venezolano’. El segundo fue divulgado en septiembre del año pasado con el título ‘De Veracruz a la Guaira: un viaje que une a Nicolás Maduro con Piedad Córdoba’, poco después de que la Fiscal General de la República destituida por el Ejecutivo venezolano, Luisa Ortega Díaz, denunciara la relación entre Saab, Group Grand Limited y el propio Nicolás Maduro”.

En agosto del año 2017, la fiscal general de la República destituida por la ilegal Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Luisa Ortega Díaz, hizo contundentes denuncias contra Nicolás Maduro, el fiscal designado Tarek William Saab y el dirigente del PSUV, Diosdado Cabello, durante una participación en la reunión de fiscales del Mercosur en Brasil.

A Maduro lo acusó de beneficiarse económicamente de las importaciones de productos para las bolsas CLAP, a través de una empresa en México cuyos propietarios son Rodolfo Reyes, Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab. Tras haber realizado las denuncias, brindó detalles a la prensa sobre las investigaciones y pidió a fiscalías de todos los países y a la comunidad internacional investigar las graves irregularidades.

“Voy a entregarlas a autoridades de distintos países: Estados Unidos, Colombia, España, para que se investigue. En virtud del principio de la jurisdicción universal, la comunidad internacional tiene que tomar estos casos, tiene que investigarlos”, dijo en esa ocasión.

¿Quién es Saab? 

De acuerdo con la prensa colombiana, la carrera de Saab comenzó en Barranquilla, “donde empezó a distribuir uniformes de trabajo”. Tiempos después, según El Heraldo, el barranquillero se fue mezclando entre un grupo de famosos empresarios y acabó exportando mercancía a Venezuela “utilizando el sistema de divisas de Cadivi, que tenía libre movilidad de capital”.

Durante ese tiempo, según una fuente de Univisión, “Saab acumuló deudas millonarias tras la suspensión de pagos de divisas por parte del gobierno venezolano, que a su vez alegaba que algunos empresarios del país habían estafado al sistema de Cadivi por una millonaria suma”.

El empresario forjó excelente relación con la destituida senadora Piedad Córdoba, quien mantuvo siempre conexión tanto con Hugo Chávez como con Nicolás Maduro. A Álvaro Pulido, otro de los implicados en la denuncia de la destituida fiscal Luisa Ortega Díaz, lo habría conocido cinco años atrás cuando se dedicaba a proveer a la empresa de Saab.

Además, agrega El Heraldo, el 28 de noviembre del año 2011 se firmó el convenio colombo – venezolano del Fondo Global de Construcción “cuyo representante legal era Saab. En el acto estuvieron presentes el presidente Juan Manuel Santos y el fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez”. La firma ocurrió mientras la organización era investigada por Ecuador por “presunto lavado de activos a través de exportaciones falsas hacia Venezuela”.

El abogado de Saab, Abelardo De La Espriella, le aseguró en ese entonces a la colombiana “La W Radio” que la sede del Fondo Global de Construcción en Ecuador no tenía ningún nexo con el empresario colombiano.

Fuente:https://es.aleteia.org/2018/02/10/periodismo-en-venezuela-en-el-exilio-tras-investigar/?utm_campaign=NL_es&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_es

¿POR QUÉ LOS VENEZOLANOS VAMOS A LAS URNAS ESTE DOMINGO?

Macky Arenas | Jul 16, 2017

Nunca más vigente el premonitor mensaje de San Juan Pablo II: “Por más poderoso que sea un dictador, es sólo un hombre. No tengan miedo”

Para responder a esta pregunta debemos remontarnos a las ocasiones recientes en que arbitrariamente se negó al país consultas populares -como referendos y elecciones- a que obligaba la Constitución. Con la ayuda del Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Electoral, genuflexos por completo al régimen de Nicolás Maduro, se fueron burlando los lapsos, generando decisiones, interpretaciones discrecionales de la normativa y retrasos que condujeron al callejón sin salida en que nos encontramos hoy. Los fallidos intentos de diálogo cerraron caminos mientras un verdadero tsunami amenazaba con arrasar la poca arquitectura política que ofrece algún piso a un gobierno que ha rechazado sistemáticamente toda propuesta de salida sensata. El resultado es un país en rebelión y un caos en puertas.

La gota que colmó el vaso fue la imposición, por parte de Maduro y contra toda lógica, de un inconstitucional proceso para levantar una Asamblea Constituyente el 30 de Julio próximo la cual “constitucionalizaría el comunismo en Venezuela”. Con esas palabras alertó al país Mons Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, resumiendo las intenciones del gobierno y los peligros a los cuales estaría definitivamente expuesta nuestra sociedad.

Los documentos del episcopado han venido calificando reiterativamente de “moralmente inaceptable” lo que el régimen ha venido haciendo con Venezuela, principalmente por las consecuencias nefastas sobre los derechos humanos y la indignidad de las condiciones de vida de grandes mayorías excluidas. De hecho, hace pocos días, la Iglesia confirmó estar llevando adelante su propio canal humanitario porque “se cerraron las puertas con el gobierno” después de las conversaciones iniciales.

Los factores democráticos en el país -conscientes de que siempre se puede estar peor- ante la insostenibilidad de la situación social y económica y la inminencia de la realización de la Constituyente madurista para finales de mes, decidieron tomar la delantera y convocar para este domingo 16 una consulta popular la cual, a manera de plebiscito, permitirá a los venezolanos mostrar su opinión en torno a esa pretensión del Presidente.

El gobierno, altamente preocupado, pues sabe perfectamente que una abrumadora mayoría se volcará a las mesas de votación para frenar su intención, ha llegado al extremo de prohibir a todo el espectro radioeléctrico –bajo pena de sacarlos de aire e incluso el cierre- siquiera mencionar las palabras plebiscito o consulta popular y abstenerse de informar al respecto.

Esto ha provocado la protesta airada del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en rechazo a la censura y la ilegalidad de la medida: “Además de rechazar la medida de Conatel (*) y denunciar sus actuaciones para favorecer una parcialidad política, el SNTP demanda de los medios de comunicación el máximo compromiso con la responsabilidad de informar, con la búsqueda de la verdad y con la necesidad de reflejar al país con los distintos matices que los componen…”

*No contentos con ello y para mayor evidencia de su desazón, el gobierno ha llamado a sus partidarios a un simulacro de lo que sería el proceso al que han convocado para el 30 de Julio, justo este domingo 16!. Es decir, que la oposición consultará al pueblo si rechaza o no la propuesta constituyente del presidente Nicolás Maduro y el oficialismo, a través del Consejo Nacional Electoral (CNE), ensayará sobre cómo votar para elegir los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

El día lo definen como un escrutinio en el que cada grupo intentará mostrar su fuerza. Para los analistas, la intención del oficialismo es sabotear el proceso propuesto por la Asamblea Nacional donde los simpatizantes de la oposición deberán responder tres preguntas en las que evaluarán la aprobación o no de una nueva Constitución, el papel de la Fuerza Armada Nacional y la renovación de los poderes públicos.

Mientras que los seguidores del oficialismo conocerán cómo será el proceso de votación para la elección de la constituyente. Dos eventos distintos de medición en donde el Gobierno no participará en la consulta popular y la oposición no acudirá al simulacro.

Nada menos que la Asamblea de la Conferencia Episcopal Venezolana, que se acaba de celebrar, envió el lunes de esta semana al señor Maduro una carta en la que le pide “retirar” la convocatoria a la Constituyente. Calificados sectores de la sociedad venezolana, en reciente comunicado público, sentenciaron que el señor Maduro “tiene en sus manos la iniciativa de suspender el acto electoral fijado para el 30 de julio y abrir así un compás de oportunidad para el entendimiento más amplio entre los venezolanos”. Pero nadie se hace ilusiones.

La gente sabe que lo que está en juego es el destino político inmediato de esta nación. Un destacado comentarista escribió ayer: “Se ha dicho que, en virtud de que está organizado por el pueblo y no por el Poder Electoral representado por el CNE, ese referendo no estará investido de carácter vinculante. Sólo desde el punto de vista formal, eso es cierto, pero si, como se espera, se rebasa fácilmente la cifra de los 10 millones de votantes, es indudable que el referendo va a tener enormes y rápidas consecuencias políticas”. No tendrá efecto vinculante pero si un devastador efecto político. En esta coyuntura, eso es peor para el régimen y por eso le temen. La Iglesia, quien mejor lleva el pulso del país, no para de advertir: “Si la Constituyente se impone la reacción será muy violenta”. Que el pueblo decida y que Dios nos proteja-

*Comisión Nacional de Telecomunicaciones*

Fuente:https://es.aleteia.org/2017/07/16/por-que-los-venezolanos-vamos-a-las-urnas-este-domingo/

VENEZUELA: LA DICTADURA SE RECRUDECE

La difícil situación a partir del "golpe de estado judicial"

A partir del día 13 de mayo el presidente Nicolás Maduro ha prolongado el estado de excepción y emergencia en Venezuela por 60 días, porque se mantiene "el asedio contra la recuperación de la economía venezolana" y la "actitud hostil" de la oposición venezolana con el llamado al "desconocimiento de las autoridades legal y legítimamente constituidas".

La crisis política de Venezuela se agudizó al asumir el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) las funciones del Parlamento, decisión calificada por su amplia mayoría opositora como "un golpe de Estado". Ante esto el gobierno de Maduro acusa de “desacato al a Asamblea Nacional (AN), que rechaza acogerse a los dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia”.

El presidente del Parlamento, Julio Borges denunció el día 20 de marzo que el presidente Nicolás Maduro dio un golpe de Estado en el país. "Esto no tiene otro nombre que dictadura y golpe de Estado. Nicolás Maduro tiene todos los poderes de la Constitución otorgados por una sala ilegal. Venezuela no tiene Constitución", indicó Borges desde las afueras del Palacio Legislativo. 

El 31 de marzo de 2017, la fiscal general de la república Luisa Ortega Díaz declaró en la televisión estatal venezolana, sosteniendo una copia de la Constitución de 1999 que la sentencia del TSJ era una "ruptura del orden constitucional" y dijo que era su "deber de informar a mi país de mi profunda preocupación por estos eventos". Borges, Presidente de la Asamblea, declaró que los funcionarios deberían seguir el ejemplo de Ortega y pidió a los militares "que obedezcan las órdenes de su conciencia". Mientras tanto, los manifestantes fueron reprimidos por la Guardia Nacional (GN) armada con perdigones y bastones. Muchos manifestantes fueron arrestados, con los medios de comunicación atrapados en el asalto y sus cámaras confiscadas, una mujer reportera de Caracol Radio fue señalada por un grupo de tropas y golpeada.

Desde entonces la población y asambleístas se vienen manifestando casi diariamente, bajo la represión de la Guardia Nacional Bolivariana y de los “colectivos armados” que han causado ya 49 muertos entre la población civil manifestante.

El cardenal venezolano Jorge Urosa Savino ha denunciado la actuación del gobierno utilizando estos grupos de colectivos para atacar a las manifestaciones indicando que "hemos querido destacar (...) nuestro rechazo a esa represión absolutamente desmedida con la cual se ha enfrentado estas manifestaciones, que han empezado siempre con manifestaciones pacíficas pero que, luego, llega un momento, reciben un ataque absolutamente inadecuado y exagerado".

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) emitió un comunicado sobre la persecución y arresto de reporteros, camarógrafos y periodistas que intentan cubrir las protestas en Venezuela, por parte de la GN.

El 12 de abril, luego de más de una semana de protestas, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) dio a conocer datos recabados por la ONG Espacio Público en los que más de 29 periodistas han sido atacados, golpeados, agredidos, acosados o presionados para que no realicen su trabajo en la capital o el interior venezolano.

Según The New York Times, expertos y testigos aseguran que los colectivos actúan como una "fuerza de intimidación" más "brutal" que las Fuerzas Armadas, y en algunos casos "mortal", como el caso de Paola Ramírez asesinada por presuntos colectivos durante una manifestación opositora el 19 de abril de 2017, ese mismo día, varios jóvenes fueron agredidos por colectivos. Más tarde se confirmaba también la muerte de Carlos Moreno, joven de 17 años herido de bala por supuestos colectivos. El 12 de abril de ese mismo año, fue reportada la muerte de Miguel Ángel Colmenares de 36 años, debido a heridas causadas por 11 impactos de bala. También Brayan Principal, un adolescente de 14 años que junto a Miguel habrían sido atacados por colectivos. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, se pronunció respecto a los asesinatos diciendo “Basta de asesinatos a manos de criminales colectivos armados por régimen dictatorial”.

Reacción internacional contra el golpe de estado

A raíz de la decisión del TSJ venezolano, un grupo de 20 países pidió formalmente a la presidencia del Consejo Permanente de la OEA una sesión extraordinaria sobre Venezuela para el lunes 3 con la finalidad declarar que en esa nación hay “una alteración del orden constitucional”. Entre estos países estuvieron Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Jamaica, Barbados, Bahamas, Guyana, Antigua y Barbuda y, tal vez, Uruguay y algunas naciones caribeñas

La ONU también se sumó a las condenas contra la crisis en Venezuela y expresó su “grave preocupación” por la decisión del TSJ y le pidió que lo reconsidere, en vista de que “la separación de poderes es esencial para que la democracia funcione”.

La coalición opositora de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en un comunicado, instó al Ejército a restablecer la democracia en Venezuela. “Ya la fiscal se manifestó: ‘las sentencias TSJ son una ruptura del orden constitucional’… La FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) no puede permanecer callada ante violaciones de la Constitución”, reza el documento.

Otro bloque que convocó a una reunión urgente fue el Mercosur, con el fin de analizar posibles soluciones a la crisis en Venezuela. La reunión de cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se realizó este sábado en Buenos Aires, según el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino.

Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la “grave injerencia” del TSJ en la Asamblea: “Estas nuevas decisiones constituyen una usurpación de las funciones del Poder Legislativo por parte de los poderes Judicial y Ejecutivo, así como una anulación de facto del voto popular mediante el cual fueron elegidos los diputados de la Asamblea Nacional”, afirmó la CIDH en un comunicado emitido desde su sede en Washington.

La difteria, la malaria y la mortalidad infantil se disparan en Venezuela

El pasado jueves 11 de mayo, fue removida la ministra de Salud, Antonieta Caporale, por divulgar estadísticas del año 2016 que demostraron el incremento de la mortalidad materna e infantil. De acuerdo con el informe, en 2016 la mortalidad infantil repuntó un 30% con respecto a 2015; la mortalidad materna, un 65%. Una enfermedad erradicada hace dos décadas, la difteria, reapareció el año pasado con 324 casos. La malaria, cuyo control en los años cuarenta formaba parte de la épica nacional, se ha vuelto endémica. En un año se duplicó el número de casos, hasta llegar a algo más de 240.000. El zika mostró un avance espectacular, de 72 casos en 2015 a 59.348 en 2016. La hepatitis A y la tuberculosis también registraron un gran aumento.

Las cifras revelan un panorama casi catastrófico en Venezuela, si a la incidencia de estas patologías se suman la notoria escasez de medicamentos en puestos de salud y farmacias, y la falta de insumos médicos, ya crónica en los hospitales. "Venezuela está viviendo en este momento la peor crisis de salud de su historia republicana", declaró a la agencia Efe Maritza Durán, presidenta de la Sociedad de Medicina Interna de Venezuela.

Posible remoción de la Fiscal General de la República

Es posible que Luisa Ortega Díaz, la fiscal general de la República, siga los pasos de la ministra de Salud. Ortega Díaz levantó su voz a fines de marzo cuando el Tribunal Supremo avanzó sobre las facultades de la Asamblea Nacional. Una versión insistente indica que Maduro estudia sacarla de la Fiscalía después de que Ortega criticara el sometimiento de civiles a la justicia militar.

El estado soviético perfeccionado

Tener un Gobierno en Caracas que mantenga dicha ayuda es un objetivo vital del Estado cubano. Y Cuba lleva décadas acumulando experiencia, conocimientos y contactos que le permiten operar internacionalmente con gran eficacia y, cuando es necesario, de manera casi invisible”. Es obvio: la prioridad para La Habana es seguir controlando y saqueando Venezuela. Y sabe cómo hacerlo. Los cubanos han perfeccionado las técnicas del Estado policial: la represión constante pero selectiva, la compra de conciencias a través de la extorsión y el soborno, el espionaje y la delación. Pero, sobre todo, el régimen cubano sabe cómo cuidarse de un golpe militar. Esa es la principal amenaza para toda dictadura y, por eso, controlar a las fuerzas armadas es un requisito indispensable para cualquier dictador que se respete. Los cubanos han exportado a Venezuela sus técnicas de control y sus efectos son evidentes: los militares que no simpatizan con el régimen de Chávez y Maduro han sido neutralizados, mientras que quienes lo apoyan se han enriquecido. No es casualidad que en Venezuela haya hoy más generales que en la OTAN o en EE.UU. O que muchos altos oficiales estén exiliados, encarcelados o muertos. Por eso la esperanza de que militares patriotas, democráticos y honrados defiendan a la nación y no a quienes la expolian ha sido hasta ahora tan solo eso, una esperanza.

No obstante, hace 10 días, el líder de la oposición Henrique Capriles informó que habían sido detenidos 85 oficiales de la Fuerza Armada por negarse a atacar a un grupo de manifestantes.

La intervención de la Iglesia Católica

En un comunicado contundente, mientras siguen las protestas y la represión en las calles. Los obispos de Venezuela ratificaron su condena a la propuesta de Asamblea Constituyente impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro. Lo hicieron con una exhortación pública, emitida este 18 de mayo como conclusión de una asamblea extraordinaria. En ese texto lamentaron la “manipulación” de las palabras del Papa Francisco. Y adhirieron a la petición del secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, de que la crisis se podrá superar sólo a través de las elecciones. 

En un encuentro con el vicepresidente de la República, Elías Jaua, los obispos ratificaron su rechazo a la iniciativa de reforma de la constitución y, en cambio, abordaron su prioridad número uno: la urgencia de abrir un canal humanitario a través de la organización Cáritas, que permita el ingreso al país de las medicinas y alimentos que escasean sistemáticamente. 

Ante la grave crisis política, económica y social que hoy afecta a Venezuela, la presidencia de la Conferencia Episcopal convocó a todas las diócesis a celebrar una intensa “Jornada de Oración por la Paz” los días 20 y 21 de mayo. Al mismo tiempo, los obispos se reunieron estos días en una asamblea extraordinaria para tomar nuevas medidas ante la delicada “situación del país y los diversos contextos marcados por las dificultades que vive Venezuela”. 

También pidió la acogida fraternal de quienes están migrando hacia diversos países y que “les ofrezcan con generosidad condiciones de vida digna”, como una forma de hacer frente al drama que se evidencia con mayor peso en las zonas de frontera, donde más de 50 mil personas atraviesan a diario los puentes para mitigar sus dificultades. 

En un comunicado el Consejo Episcopal Latinoamericano(CELAM) apeló a las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria solicitándoles que dirijan su acción y recursos “de manera prioritaria hacia Venezuela”, y exhortando al Estado a evitar “el uso desmesurado de la fuerza pública”, que solamente acarrea “más sufrimiento y muerte”.

Jorge Pérez Uribe

DIVISIÓN TRAS EL AUTOGOLPE DE ESTADO DE NICOLÁS MADURO

Antecedentes

Venezuela lleva ya 19 años, es decir, una generación bajo el régimen chavista y a pesar de ser un rico país petrolero, cada día se diluye más la situación económica y social de sus habitantes. Diagnosticado desde junio de 2011 de cáncer de próstata el presidente Hugo Chávez no pudo vencer su enfermedad y supuestamente murió en Caracas el 5 de marzo de 2013 (aunque existe que duda si murió en La Habana), a la edad de 58 años.

Por lo que hace a Nicolás Maduro Moros, fue nombrado vicepresidente, 3 días después de las elecciones presidenciales de 2012, el 10 de octubre de 2012

El 8 de diciembre de 2012, Hugo Chávez afirmó que, en caso de que él quedara incapacitado, Nicolás Maduro, debería asumir el cargo de presidente de la República hasta la convocatoria de unas nuevas elecciones, por las que pidió anticipadamente el apoyo popular hacia Maduro.

Las elecciones presidenciales de Venezuela se desarrollaron el 14 de abril del 2013. En ellas Nicolás Maduro obtuvo el 50,61% y Henrique Capriles Radonski, el 49,12%. El 9 de septiembre del 2013 fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la impugnación de las elecciones, un día antes de que se hiciera efectiva la salida de Venezuela del mecanismo, el informe fue entregado al organismo por parte del abogado y miembro de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Ramón José Medina que por su parte dijo: “Aspiramos que se anulen y se repitan esas elecciones, que fueron unas elecciones fraudulentas”

La actual crisis económica

El régimen Bolivariano no ha favorecido para nada a la producción y diversificación de mercados por parte de la iniciativa privada, cuya participación ha ido decreciendo y ha apostado todo a la exportación petrolera.

Es por ello que la caída de los precios del petróleo desde 2014 castigó duramente a la economía venezolana, que recibe 96% de sus divisas de la exportación de hidrocarburos.

El país debió reducir drásticamente las importaciones, generándose una escasez de todo tipo de bienes, lo que mantiene postrada a la industria local por falta de insumos. De acuerdo con estimaciones privadas, la economía retrocedió 11,3% en 2016.

El agudo desabastecimiento se combina con la inflación más alta del mundo, que el FMI proyecta en 1.660 % para 2017.

Las cifras de una encuesta nos muestra el empobrecimiento de la población en los últimos 3 años:

Año	2014	2017
Pobreza extrema	23.6%	52%
Pobres	24.8%	30%
No pobres	51.6%	18%

Maduro, siguiendo la teoría del complot, atribuye el colapso a una "guerra económica" de empresarios y "poderes imperiales" que, según él, promueven un boicot para impedir que el país consiga financiamiento externo; lo cual es una rotunda mentira ya que Venezuela ha contraído en los últimos 9 años una deuda que asciende a 60 millardos de dólares con China y que luce impagable.

Precisamente, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) autoriza al gobierno a firmar acuerdos económicos sin aprobación del Parlamento.

Quizás lo más grave sea lo que muestra la siguiente lámina:

El destino de la ayuda humanitaria en alimentos del Gobierno de México

El medio vanguardia24 presenta la siguiente información el 21 de febrero de 2017: <<Las redes sociales están encendidas luego de descubrirse porque la comida otorgada por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en Venezuela es comida importada de México.

Según se pudo conocer a través de usuarios de las redes sociales el Presidente Mexicano Enrique Peña Nieto habría dicho a través del canal mexicano TV Azteca que él (Enrique Peña Nieto) devolvió el favor enviando alimentos a Venezuela así como el Presidente fallecido Hugo Chavéz envió ayuda necesaria para su país en su momento.

De ésta manera México deja claro que la comida que están cobrando en los CLAP ha sido dada a Venezuela como ayuda humanitaria. Igualmente informan que la denuncia costó la salida del aire de TV Azteca.>>[1]

Deterioro de la seguridad

Unas 28 mil muertes violentas se registraron en el país caribeño en 2016, es decir 91,8 por cada 100 mil habitantes, tasa diez veces mayor a la media mundial-, según la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

A la vez, se multiplican las denuncias de violaciones de los derechos humanos por parte de la fuerza pública, como ajusticiamientos y allanamientos ilegales.

El golpe del Poder Judicial

El choque de poderes es constante desde enero de 2016, cuando la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tomó el control del Legislativo tras 17 años de hegemonía chavista.

No obstante, antes del relevo en el Congreso, la mayoría chavista saliente aprobó y oficializó el nombramiento de 13 nuevos magistrados y 21 suplentes del TSJ (que ahora cuenta con 32) para 12 años. Estos magistrados fueron ya nombrados por Maduro, de lo que se entiende su domesticación.

La oposición se volcó en 2016 a impulsar un referendo revocatorio contra Maduro, pero el proceso fue suspendido el 20 de octubre por el poder electoral alegando irregularidades.

Descartado el revocatorio, la oposición ha pedido adelantar las elecciones presidenciales, lo que Maduro rechaza. Esos comicios están programados para diciembre de 2018, mientras que los regionales debieron realizarse a fines del año pasado, pero fueron pospuestos y aún no se fija fecha.

Como requisito para futuras votaciones, el poder electoral -acusado también de ser un apéndice del Ejecutivo- obligó a los partidos a recoger firmas para validarse.

El inicio del conflicto actual partió de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), declaró en desacato a la cámara legislativa y ha anulado todas sus decisiones, por haber juramentado a tres diputados acusados de fraude electoral.

El miércoles pasado, la corte adoptó las competencias del Parlamento unicameral justificándose en el desacato, lo que la Asamblea legislativa denunció este jueves como "un golpe de Estado".

La sentencia "pulveriza la división de poderes", dijo a la AFP el analista Luis Vicente León, aunque recordó que en la práctica el TSJ ya venía ejerciendo funciones legislativas a través sus sentencias.

¿Se resquebraja la República Bolivariana?

En tanto la ciudadanía se ha lanzado a protestas masivas por la virtual disolución de la Asamblea legislativa, la chavista Luisa Ortega, Fiscal General de Venezuela, expresó el pasado 31 de marzo que: “En dichas sentencias (las emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Asamblea Nacional de Venezuela) se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del orden constitucional”.

La Fiscal General, cercana colaboradora del presidente Chávez, tiene amplísimas facultades legales para procesar a cualquier funcionario público, incluido el presidente Maduro y los magistrados del TSJ.

<<Un diplomático latinoamericano radicado en caracas que pidió la reserva de su nombre dijo a este semanario que las declaraciones de Ortega develan “una disputa interna del chavismo nunca vista hasta ahora”, Por un lado, señaló están los chavistas primigenios no maduristas, y por otro, el chavismo madurista, que cada vez es menor.

“Si esto fuera un partido de fútbol, la oposición estaría viendo el partido en las gradas y en la cancha estarían estas dos facciones chavistas disputándose con mucho encono el balón. Y este partido puede terminar en una refriega”, comentó.

Y dijo que la posición crítica de la fiscal Ortega “es el hecho político más importante en Venezuela luego de la muerte de Hugo Chávez (en 2013) porque ella no está sola, sino que representa a un sector chavista inconforme con Maduro, y en ese sector debe haber militares activos”.

El presidente de la Asamblea Nacional, julio Borges, señaló que el gobierno “esta fracturado por dentro, dividido entre los que quieren seguir su conciencia y los que quieren seguir mintiendo”.

El diputado opositor llamó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a los poderes públicos a actuar como la fiscal Ortega, y denuncio que además de la ruptura del orden constitucional, en el país se vive una virtual suspensión de garantías en el que cualquier ciudadano puede ser detenido y cualquier protesta puede ser reprimida.>>[2]

Si bien hasta el momento el poderoso ministro de defensa no se ha manifestado, el general chavista Cliver Alcalá, que se apartó del chavismo en 2016, manifestó a Proceso que: <<si el alto mando militar se ubica al margen de la constitución y respalda al presidente, “cometería un error histórico y quedaría aislado de la tropa, porque el sentir de los soldados es el mismo que tiene el pueblo venezolano, de hastío con la crisis económica, la escasez de alimentos, la pobreza y la falta de libertades políticas” […] Alcalá está convencido de que si maduro persiste “en su postura de violar la constitución” y si el TSJ no revierte el fallo que desconoce a la Asamblea Nacional, la FANB “tendrá que defender la constitución y estar al lado del pueblo”.

Y si el alto mando militar “no funciona como funciona el resto, le pasará lo que le pasó en el golpe de abril (de 2002 en contra de Chávez), cuando la base se acabó separando de la cúpula”.[3]

Luego entonces se vislumbran dos posibilidades:

• Que Maduro de marcha atrás al golpe de estado con lo que quedaría debilitado y tendría que negociar con la oposición y con la comunidad internacional que repudia el golpe, llamando a elecciones.

• Que maduro no dé marcha atrás al golpe de estado del sumiso TSJ, en cuyo caso ante la presión ciudadana los militares serían los que resolverían esta crisis, mediante la destitución de Maduro o la convocatoria a nuevas elecciones.

Jorge Pérez Uribe


Notas:

[1] http://vanguardia24.com/exploto-la-bomba-presidente-de-mexico-lo-cuenta-todo-sobre-la-comida-del-clap-tuits-imperdibles/
[2] Rafael Croda, Crisis al límite, Semanario Proceso, N° 2109, 2 de abril de 2017
[3] Ibídem.

VENEZUELA: “EL GOBIERNO SE HACE EL SORDO Y EL MUDO”

La situación actual

<<La situación en el país es dificilísima. Una grave crisis energética afecta a los venezolanos, cuyo país es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Ha habido apagones y se ha racionado el suministro de la electricidad durante varias horas al día a lo largo de la semana. Un hecho que se debe a la disminución de los precios del petróleo, según los expertos, y a los conflictos entre los países productores del «oro negro». Al mismo tiempo, faltan medicinas, alimentos, artículos de primera necesidad, mientras la inflación sigue aumentando y se ha salido de control.

El país también está viviendo un aumento sin precedentes de la violencia criminal, pues la presencia de organizaciones relacionadas con el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia común es alarmante. Caracas, recordó recientemente «L’Osservatore Romano», tiene el primer lugar de la clasificación que redacta el Consejo ciudadano para la seguridad pública y la justicia penal», institución mexicana que cada año hace un informe sobre las cincuenta metrópolis más violentas del planeta, con 119.87 homicidios por cada 100 mil habitantes. Y no solo está la capital en esta «lista negra» de las ciudades más violentas, porque también aparecen otros centros urbanos venezolanos: en el quinto sitio se encuentra Maturín (con 85.45 muertos) y Valencia, en el séptimo sitio (con 72.21 homicidios). El escenario es mucho más que problemático. Y al lado de la crisis social y económica surge la crisis política del chavismo; Nicolás Maduro, el presidente que ha seguido las huellas de su predecesor Hugo Chávez, elegido con una amplia mayoría, no controla el Parlamento, en el que prevalecen las oposiciones. Estas últimas están tratando de poner en marcha un referéndum para renovar el mandato de Maduro; ya han reunido las firmas y han sido convalidadas, pero el gobierno afirma que la hipótesis de la destitución del actual presidente no está en juego. Además, la presidencia canceló la posibilidad de que la asamblea parlamentaria remueva a los ministros del gobierno, utilizando un decreto de enero de este año con el que se confieren poderes especiales a Maduro, en virtud, precisamente, de la crisis económica.

La violencia

El ejecutivo actual ha sido acusado de violación de los derechos políticos fundamentales; en una entrevista con Tv2000, después del encuentro con el Papa, el padre de Leopoldo López afirmó que su hijo «Leopoldo está en la cárcel desde febrero de 2014 y lo condenaron a 14 años por sus discursos. No hay pruebas para la condena, no le dejaron presentar testigos, peritos o pruebas. Solamente tiene la posibilidad de recibir las visitas de sus parientes más estrechos». Por otra parte, los que apoyan a Maduro, todavía numerosos, afirman que detrás de la crisis hay intereses que pretenden la carda de Maduro, además de la voluntad de la Casa Blanca y otras instituciones estadounidenses de cambiar el gobierno del país con un acto de fuerza y un asedio económico.

Los obispos venezolanos han mandado un mensaje a la nación, para que no se deje «manipular por los que ofrecen un cambio de la situación mediante la violencia social», y al mismo tiempo invita a no caer en la «resignación» o en el «silencio por las amenazas». «Nunca debemos ser ciudadanos pasivos ni conformistas —explican los obispos—, sino sujetos de nuestra realidad». Y esto significa «sujetos pacíficos, pero activos», con el objetivo de actuar «como protagonistas de las transformaciones de nuestra historia y de nuestra cultura».>> [1]

Venezuela: “El gobierno se hace el sordo y el mudo”

En entrevista el arzobispo de Mérida, Baltazar Porras, relata la difícil situación producto de la crisis política y revela que el presidente Nicolás Maduro no respondió a la carta que hace unos días le envió el Papa Francisco exhortándolo a abrirse al diálogo con la oposición

Andrés Beltramo Álvarez 25 de mayo de 2016

Ciudad Del Vaticano

“La publicidad oficial nos presenta un mundo que no existe”. Venezuela vive una profunda crisis política que el gobierno busca infructuosamente esconder. La Iglesia insiste con fuerza en llamar al diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, que impulsa un referéndum para revocar al presidente de su puesto. En entrevista con el Vatican Insider el arzobispo de Mérida y ex presidente de la Conferencia Episcopal del país, Baltazar Porras Cardozo, habló sobre la delicada situación en el país sudamericano. 

¿Cómo está la situación en Venezuela? 

Es una situación que cada día empeora porque la falta de trabajo, de alimentos y medicamentos, la creciente violencia nos pone ante una situación límite, en la cual lamentablemente pareciera que las autoridades están ausentes. Llama mucho la atención que toda la publicidad oficial nos presenta un mundo que no existe. A nosotros nos toca estar con la base, con la gente, curar sus dolores, acompañar la muerte, ver situaciones absurdas como niños y personas mayores que, por falta de un medicamento sencillo, empeoran su vida o, muchas veces, mueren. La vida es el valor supremo, por encima de cualquier poder y cualquier ideología. El enfrentamiento produce sólo males. 

Las colas de horas para adquirir la poca comida

¿Qué rol está jugando la Iglesia y qué quiere para el país? 

Queremos fundamentalmente la paz y eso únicamente se logra con el diálogo, el entendimiento, el respeto al otro y no con ese lenguaje permanente de violencia y de rechazo que se manifiesta en lo verbal pero que, lamentablemente, tiene una expresión en la violencia física que nos hace ser, en este momento, el país con mayor número de muertes violentas en la región. 

¿Qué pasó con la carta dirigida por el Papa al presidente Nicolás Maduro hace algunas semanas atrás? 

El Papa mandó una carta, se sabe que existió pero el gobierno se ha hecho el sordo y el mudo, porque ni siquiera confirmó haberla recibido. No sabemos su contenido exacto pero nos imaginamos que no va más allá del decir: “Hay que entenderse, hay que dialogar, hay que actuar para buscarle solución a los problemas”. 

El Papa está preocupado. ¿Se podría esperar otro gesto suyo además de la carta? 

Es necesaria la creatividad, aunque pareciera que tenemos en frente a un muro infranqueable. A los males producidos por los seres humanos nosotros mismos podemos encontrarles solución, sin caer en la desesperanza. No es fácil, sobre todo cuando se tiene un control absoluto de los poderes y cuando existe una amenaza que produce miedo en la gente, pero también hay coraje y un deseo de que las futuras generaciones puedan tener una vida mejor de la actual. 

Hace unos días el ministro de exteriores del Vaticano, monseñor Paul Gallagher, debió cancelar un viaje que ya estaba anunciado a Venezuela, ¿qué pasó? 

Forma parte de esto mismo. Lógicamente la presencia de un representante de tan alto nivel como monseñor Gallagher hacía esperar, como mínimo, que el gobierno lo recibiese y que otros sectores interesados en hablar, plantearle sus problemas, lo pudieran hacer. Parece que esto no fue posible. 

¿Hubo un condicionamiento del gobierno? 

Seguramente, de otra manera no se explica una cancelación de una visita que podría ser normal, como en cualquier parte del mundo. 

Todos estos acontecimientos: la carta del Papa, la visita cancelada, los llamados al diálogo tan perentorios, dan la sensación que no queda mucho tiempo para evitar un baño de sangre. ¿Los obispos tienen temor por un estallido social grave? 

Por eso la lucha permanente para que se encuentre una solución pacífica y para que no se imponga la violencia, porque los primeros que la pagarán serán los pobres. Sería la justificación para aplicar un régimen más totalitario, que pudiera llamarse abiertamente dictatorial, puesto que uno de los males de nuestro país es el irrespeto a todo lo institucional, a todas las leyes y lógicamente, cuando la sociedad se siente desnuda porque quienes gobiernan lo hacen a su antojo, se producen mayores males. 

Fuente: http://www.lastampa.it/2016/05/25/vaticaninsider/es/reportajes-y-entrevistas/venezuela-el-gobierno-se-hace-el-sordo-y-el-mudo-VqhdA70kPUm791vjAiPJEO/pagina.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

[1] http://www.lastampa.it/2016/05/11/vaticaninsider/es/en-el-mundo/venezuela-la-mediacin-del-vaticano-mientras-la-crisis-precipita-dkCsBgAH9Dq3RREZ0YaeyO/pagina.html

LOS ESTUDIANTES DE VENEZUELA LUCHAN POR LA LIBERTAD

Desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999, sobre Venezuela han venido años de privaciones, inflación de 56.3% en enero pasado, y mucha, muchísima inseguridad para toda la población. Los índices de criminalidad superan por mucho a los “partes de guerra” de la lucha contra el crimen organizado en México.

La situación económica venezolana es la de los países soviéticos en la Europa del siglo pasado. Desempleo, una alta inflación que se agudiza por el desabasto, racionamiento de los productos básicos, enormes colas para abastecerse de algún producto.

En lo político una dictadura militar, disfrazada de democracia, con celebración de elección controladas, creación de grupos proletarios violentos controlados por el estado –conocidos como colectivos- que se utilizan para atemorizar y reprimir a los opositores.

Estadísticas a abril de 2013 señalaban lo siguiente [1]:

• —Según Transparencia Internacional, Venezuela ocupa el puesto 165 de 174 de los países más corruptos, atrás de Chad, Etiopía, Irak y Afganistán.
• —Pasó de ser el tercer productor petrolero del mundo en 1999, al decimosegundo en 2012, pese a tener las mayores reservas probadas.
• —Tuvo que depositar todas las reservas de oro del país en bancos chinos, como garantía de pago al más reciente préstamo multibillonario en dólares que le hizo Pekín.
• —Según el Instituto Cato, es el peor país (entre 144 evaluados) para ejercer la libertad económica y en oportunidades para crear empresas: “Es un país rico en recursos con las peores instituciones económicas”.
• —Aplastó la producción privada de harina, pan, huevo, aceite, lácteos, jugos, quesos y pastas e incrementó las importaciones 248%: ahora tiene una inflación alimentaria de 31.1%, la más alta del continente.
• —En febrero pasado, el índice de escasez de alimentos alcanzó 19.7%, el nivel más alto desde que en 2009 el Banco Central difunde el indicador monitoreando mensualmente la disponibilidad en tiendas.
• —Dejó de producir insulina y antibióticos. La población enferma creció a mayor velocidad que la construcción de hospitales, repletos de camillas en los pasillos y pacientes ubicados en el piso por falta de espacio.
• —La Asociación Venezolana de Distribuidores de Equipos Médicos, Odontológicos y de Laboratorio se encuentra en quiebra y debe 300 millones de dólares. De cinco medicinas, se consiguen dos en farmacia.
• —Faltan material de traumatología, catéteres, tubos para recolectar sangre, bolsas de colostomía, papel para electros, placas radiográficas e insumos para rayos X, tomografías, resonancias magnéticas y ultrasonidos.
• —Ha gastado 500 mil dólares en programas sociales, pero según el Informe de Gestión del ministro del Interior, el índice de homicidios es de 73 por cada 100 mil habitantes. En 2012 se registraron 16 mil crímenes callejeros.
• —Caracas se convirtió en la tercera ciudad más violenta del mundo, con 150 mil víctimas de homicidio desde 1999.

De la crisis actual, lo primero que escuche, fue el alerta de la periodista argentina Olga Wormat, que ahora radica en Venezuela, en donde señalaba que empresarios dedicados a la comercialización de básicos, comentaban que por trabas del gobierno no existían inventarios para más allá del 27 de febrero. Ya escaseaba incluso el jabón y ni que decir de los productos que necesitan los bebés

Luego supe de la manifestación de los estudiantes de los estados de Táchira y Mérida que manifestaron su descontento ante la residencia del gobernador José Vielma Mora, por un intento de violación contra uno de sus compañeros dentro de la Universidad de los Andes, en la ciudad tachirense de San Cristóbal. Resultado cinco detenidos.

Las protestas estudiantiles arreciaron, a lo que el presidente Nicolás Maduro ha respondido con la movilización de la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional y los grupos armados de civiles adscritos al chavismo, conocidos como “colectivos”,

Ante esto las federaciones estudiantiles convocaron a realizaron una gran marcha en Caracas, el pasado miércoles 12 de febrero. Los estudiantes no eligieron la fecha al azar: el 12 de febrero se cumplían 200 años de la batalla de La Victoria, un suceso de la guerra por la independencia venezolana en la que la ciudad de La Victoria resistió el ataque del ejército realista al organizar una resistencia compuesta en su mayoría por estudiantes, quienes lograron contener a los realistas en las calles hasta que llegó el ejército bolivariano. Pero en este caso el “ejército bolivariano” es el de la dictadura, que reprimió con gas lacrimógeno y disparos con armas de fuego contra los inermes estudiantes, lo cual dejó 4 muertos, 66 heridos y cerca de 200 jóvenes y estudiantes detenidos.

El presidente Maduro siguiendo la línea clásica del castrismo y de su mentor Hugo Chávez, atribuyó la insurgencia estudiantil a un complot capitalista, de la ultraderecha y de Estados Unidos; pero mostrando su desconocimiento de la realidad latinoamericana, le adjudicó primeramente a México -a través de su ministro de Interior, Miguel Rodríguez-, el haberle exportado activistas “antibolivarianos”. No sabe que lo único que le podríamos exportar serían ultras de izquierda, probablemente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), o “anarquistas” (de los grupos radicales del PRD y MORENA); que más que atacarlo lo ayudarían. Pero no fue el caso. Después reviró contra los líderes de la oposición en su país y finalmente contra el gobierno de Estados Unidos expulsando a 3 funcionarios consulares.

Si bien el ex candidato opositor Henrique Capriles, se ha mantenido a prudente distancia, han surgido nuevos liderazgos, como el de los dirigentes del partido Voluntad Popular, en especial el de su coordinador, el diputado Leopoldo López, miembro de la Mesa de la Unidad Democrática.

El dirigente Leopoldo López -un hombre joven- convocó a una marcha para el martes 18 de febrero en Caracas, misma que tuvo réplicas en otras ciudades, y reunió a una inmensa multitud que puede verse en las fotos y video de este blog. López planteó al régimen las siguientes peticiones:

• Aclaración de los homicidios del día 12 de febrero
• Liberación de detenidos sometidos a tortura
• Cese de la represión a las protestas ciudadanas pacíficas
• Desarme de los grupos paramilitares

Existía orden de captura por supuestos homicidios, intimidación pública, daños a la propiedad pública y terrorismo, contra Leopoldo López, por lo que éste en un acto inesperado, al término de la marcha decidió entregarse voluntariamente a las autoridades (ver vídeo), argumentando que tenía dos caminos: huir al extranjero o esconderse y que no estaba dispuesto a abandonar Venezuela, ni tenía porqué esconderse, ya que no era culpable de lo que se le achaca. La Fiscalía General de Venezuela, acusó este jueves al dirigente opositor Leopoldo López, por una serie de de incendio y daños, en carácter de determinación, instigación a delinquir y asociación para delinquir, que por su la gravedad podrían darle 10 años de prisión.

En la ciudad venezolana de Valencia, entre las bajas del día 18, estuvo, Génesis Carmona, de 22 años y ex Miss Turismo del estado central de Carabobo, en donde los “colectivos” en motocicletas abrieron fuego sobre los manifestantes con saldo de 2 muertos y numerosos heridos y detenidos.

La jornada del día 18 término con una cacería de jóvenes manifestantes según se aprecia en varios video tomados desde las alturas de edificios, en donde se ve lo mismo a la Guardia Civil, al Ejército y a los “colectivos”, cazar como conejos a los inermes manifestantes. No resulta creíble la cifra de muertos reportada por el gobierno de 8 fallecidos. Maduro declaró “uno por uno voy a ir por ustedes” y así han obrado sus secuaces.

Maduro ha expulsado a los periodistas de CNN. Sin embargo, Tinedo Guía presidente del Colegio Nacional de Periodista ha denunciado que unos 30 periodistas y reporteros gráficos de varios medios de información públicos y privados fueron agredidos durante las protestas en Venezuela.

El conflicto a pesar de la represión del gobierno se intensifica y se prevé que el general retirado Diosdado Cabello, considerado el número dos del régimen después de Maduro, pudiera dar un golpe militar.

Se habla de lucha civil, pero es inexacto, ya que los opositores ciudadano no tienen, ni han exhibido armas, por lo que sería más preciso hablar de resistencia civil pacífica contra un régimen dictatorial.

Para el lunes 24 de febrero se convoca una a “gran barricada nacional” por parte de los estudiantes, cuyas consecuencias son inciertas.

Jorge Pérez Uribe

Video: Qué está pasando en Venezuela

---

[1] Rubén Cortés, Diario La Razón, 3 de abril de 2013