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jueves, 31 de octubre de 2024

LOS SUPREMACISTAS DE MORENA

 


Dictatoriales, autodenominados supremacistas, comandados por una Presidenta de inspiración marxista, los morenistas van a apropiarse de la Constitución.

Pablo Hiriart | octubre 29, 2024

El grupo gobernante en México se apresta a consagrar en la Constitución, tan pronto como esta semana, que todo lo que ellos resuelvan hacer con el texto constitucional será inatacable e inimpugnable.

Le llaman ‘supremacismo constitucional’.

Al ministro González Alcántara y a la Corte los van a avasallar.

Dictatoriales, autodenominados supremacistas, comandados por una Presidenta de inspiración marxista, van a apropiarse de la Constitución.

Vivimos la continuidad brutal del proyecto de López Obrador.

Con lo que aprueben hoy, los ciudadanos y agrupaciones civiles o políticas que consideren vulnerados sus derechos por algún cambio a la Carta Magna no podrán ampararse ni realizar alegatos jurídicos en contra.

Tampoco los empresarios, cuyo dirigente nacional, Francisco Alberto Cervantes Díaz, para vergüenza de muchos de sus antecesores, no se cansa de aplaudir al gobierno marxista que aplasta al Poder Judicial y asumirá los tres poderes de la Federación.

No habrá derecho a impugnar ni al amparo.

Los supremacistas mexicanos aprobarán hoy auto asignarse el poder absoluto.

Ni siquiera podrán ser objeto de controversias las modificaciones constitucionales que tengan errores de procedimiento, como las que hubo en fechas recientes y detuvieron iniciativas del presidente López Obrador.

De tal manera que podrán votar una reforma constitucional sin que haya quorum, por ejemplo.

O en una sesión en la que no se haya distribuido a los senadores o diputados el contenido de un proyecto de reformas.

Si lo requieren, podrán sesionar sin el concurso de los parlamentarios de los partidos opositores y modificar el texto de la Carta Magna.

Lo que aprueben Morena y aliados, el Verde y el PT, será inimpugnable y no procederán los amparos que se interpongan, porque hoy cambiarán los artículos 105 y 107 de la Constitución.

Así, el gobierno de inspiración marxista de la presidenta Sheinbaum podrá decidir –si quiere– que las minorías partidistas no tendrán acceso a la representación en las cámaras.

O que son ilegales las agrupaciones políticas o empresariales que no se comprometan con la cuarta transformación.

En síntesis: podrán hacer lo que quieran con la Constitución y nada ni nadie tendrá derecho a apelar ante una corte o un juzgado.

La mayoría que votará mañana en favor de esa atrocidad, por cierto, es espuria.

Consejeros del INE, cuyos nombres quedarán grabados para cuando se escriba la historia real de esta ignominia, le dieron a Morena y aliados una mayoría constitucional que no alcanzaron, ni de lejos, en las urnas.

Los magistrados del Tribunal Electoral ratificaron la decisión de las consejeras y consejeros del INE que le dieron al oficialismo 73 por ciento de la representación en la Cámara de Diputados, cuando el electorado le dio 54 por ciento de los votos.

Hoy se cerrarán las tenazas con las cuales Morena, con la complicidad de funcionarios del INE y el TEPJF, se apoderó de la Carta Magna para entregarla a Claudia Sheinbaum a fin de que escriba y tache lo que quiera.

Como suele suceder con los gobiernos marxistas y con los supremacistas, altos mandos de Morena y del gobierno federal nos pintan un escenario de guerra en que la agredida es la Presidenta y hay que “salvarla” del ataque enemigo.

Todo para ellos –marxistas y supremacistas–, es una guerra, un complot, una conjura en su contra.

Como nazis o estalinistas, disfrazan sus golpes como defensa de la legalidad, del pueblo y de protección a los débiles.

Sus contragolpes son ‘defensivos’.

Ellos saben que mienten.

Una mirada rápida a dos periódicos de ayer:

“La utilización abusiva e ilegal de instancias nacionales e internacionales de gobiernos legítimamente constituidos es una táctica conocida en inglés como Lawfare, que traducido al español significa algo como ‘guerra jurídica’ o acoso judicial… Es un ‘golpe blando’, el acoso judicial se hace con abierta colaboración de ese poder (Judicial) y permite detener indebidamente y debilitar y hasta deponer a un gobierno legítimamente constituido”.

Esto que acaba usted de leer lo publicó ayer Ernestina Godoy, consejera jurídica de Presidencia de la República.

Lo que sigue es de Ricardo Monreal, líder de la mayoría (espuria) en la Cámara de Diputados:

“Hay una inadmisible embestida mediática y digital (contra la presidenta Sheinbaum)… Viene del conservadurismo que no acepta su derrota en las urnas. Hasta ahora, la mayoría del pueblo se ha mantenido prudente, pero actuará institucionalmente para defender su decisión democrática”.

También ayer, del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña:

“Si ellos se atreviesen a decir que es inconstitucional la Constitución, pues iríamos a un conflicto de dimensiones mayúsculas.”

En esas manos está el país: en las de un grupo de ‘supremacistas’, que en realidad es un batidillo de oportunistas, vivales y comunistas trasnochados, liderados por la Presidenta constitucional que es marxista.

Tendrán todo el poder. Todo.

Lo habrán logrado por encima de la ley, y con el aplauso del Consejo Coordinador Empresarial.

miércoles, 16 de octubre de 2024

SE ACELERA LA DESTRUCCIÓN


Presenciamos la destrucción del Poder Judicial -el único que podía corregir los excesos del grupo gobernante-, para convertirlo en un apéndice del  Ejecutivo.



Pablo Hiriart | octubre 14, 2024

La bochornosa manera de quitar de sus puestos a 350 magistrados de circuito y a 361 jueces de distrito, a través de una rifa que tuvo como anunciador al presidente del Senado, refleja la saña con que se destruyen las instituciones en México.

Se complementa el jolgorio de la destrucción con las elecciones generales anunciadas para el próximo año, en que se elegirán a las personas que ocuparán esas plazas (850 en total, sumadas las que ya estaban vacantes).

Una rifa sacó de sus puestos a centenares de jueces y magistrados de circuito, la mayoría de ellos con amplia experiencia profesional, que pasaron exámenes y estudiaron para llevar una carrera judicial.

Al diablo con los estudios para escalar en la vida. Es más redituable acercarse a Morena.

Fuera, dijo la bolita blanca que cantaba Gerardo Fernández Noroña.

En su lugar elegiremos a personajes desconocidos, que harán campaña para granjearse el apoyo popular y serán propuestos por el Poder Legislativo (Morena), el Ejecutivo (Morena) y lo que quede del Poder Judicial de aquí al próximo año.

Lo que presenciamos es la destrucción del único poder autónomo que podía corregir los excesos del grupo gobernante, para convertirlo en un apéndice del Ejecutivo.

Aun sin tener el control absoluto del Poder Judicial, el gobierno (Ejecutivo y Legislativo) actúa como si éste no existiera: viola amparos de una manera ostentosa, lo que anula esa figura que podía usar el ciudadano para defenderse de los abusos del poder.

El régimen totalitario que construye Morena va a galope tendido, pues en la presente semana estarán listos para discutirse nuevos dictámenes en el Congreso, entre ellos el que desaparece el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, creado durante el primer gobierno de la alternancia.

Durante la administración pasada más de 80 por ciento de los contratos otorgados por el gobierno fue asignado por el obscuro procedimiento de la adjudicación directa, y las obras multimillonarias, donde se gastó a destajo y en exceso, fueron selladas al conocimiento público por 10 o 15 años.

La desaparición del INAI, que hasta ahora cuenta con autonomía, es un duro golpe al derecho a la información. Los ciudadanos que pagan impuestos no podrán conocer de manera transparente en qué se gastan sus contribuciones.

Viene también la reforma electoral, para entregar al gobierno formalmente la organización y arbitraje de las elecciones.

Con ese régimen totalitario, que marcha a paso de ganso, el gobierno (Morena) nos acusará, nos juzgará, sentenciará, organizará las elecciones y contará los votos.

Esta destrucción institucional del régimen democrático viene acompañada por la destrucción de la paz, la seguridad y el orden.

Chilpancingo, capital de Guerrero, es disputada por seis grupos criminales que trafican con drogas y armas.

Los nombres y líderes de esos grupos, ligados a los grandes cárteles de las drogas y de la alta delincuencia en el país, han sido publicados (el reportero David Vela, la semana pasada en El Financiero) y sus alianzas y alcances también (Raymundo Riva Palacio, también en estas páginas).

El grupo llamado Los Ardillos habría matado y decapitado al presidente municipal de Chilpancingo hace unos días, y aún no están detenidos los autores de este grave crimen político.

Nada. Ni un capo de los grupos criminales que asesinaron y además le cortaron la cabeza al alcalde Alejandro Arcos ha sido detenido.

¿Cómo es que mafiosillos de pueblo pueden más que el Estado mexicano?

Es la realidad. No conviene su aprehensión, o no hay capacidad para detenerlos.

López Obrador dejó un país encendido por la política de no hacer nada contra los grupos criminales. Ya empoderados en un territorio, no hay manera de recuperar pacíficamente esos jirones de soberanía perdida.

¿Quién manda en la frontera de Chiapas, en la capital de Tabasco, en Sinaloa?

AMLO dejó la Presidencia con 200 mil asesinatos, 51 mil desaparecidos, tráfico récord de drogas a Estados Unidos, que matan a 110 mil estadounidenses cada año, 60 por ciento de ellos por fentanilo.

La destrucción va a continuar con el deterioro de la relación con Estados Unidos, país al que tres millones de mexicanos intentaron cruzar ilegalmente en el sexenio pasado. Los que sí pudieron pasar, a riesgo de sus vidas, son los que mantienen la economía de regiones pobres de México con las transferencias de dólares.

El grupo que gobierna México siempre se opuso al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con la falacia de que Carlos Salinas le estaba regalando la soberanía nacional a los gringos. Siempre lo han querido demoler, por un absurdo y decimonónico antiyanquismo.

Tienen razones más de fondo: habernos aliado comercialmente con Estados Unidos y Canadá trae implícito el respeto a valores comunes como democracia y Estado de derecho. Eso es lo que está en proceso de demolición. El tratado estorba al proyecto totalitario en curso.

La destrucción parcial o total del tratado será un bocado para el candidato republicano, Donald Trump, e incluso si llegara a ganar Kamala Harris, las exportaciones mexicanas, motor de la economía nacional, se verán afectadas.

Ya nos explicarán los economistas de este diario el impacto que podría alcanzar para México un enfriamiento de la relación con nuestros tres principales socios comerciales.

Lo que es seguro es que la economía nacional no saldrá indemne del totalitarismo de Morena, con ausencia de Estado de derecho, democracia de mentira y empoderamiento de todo tipo de cárteles criminales que matan aquí y en Estados Unidos.

También veremos, en un mes, el impacto de la política populista –mal llamada ‘social’– en el Presupuesto del próximo año.