Antecedentes
Venezuela lleva ya 19 años, es decir, una generación bajo el régimen chavista y a pesar de ser un rico país petrolero, cada día se diluye más la situación económica y social de sus habitantes. Diagnosticado desde junio de 2011 de cáncer de próstata el presidente Hugo Chávez no pudo vencer su enfermedad y supuestamente murió en Caracas el 5 de marzo de 2013 (aunque existe que duda si murió en La Habana), a la edad de 58 años.
Por lo que hace a Nicolás Maduro Moros, fue nombrado vicepresidente, 3 días después de las elecciones presidenciales de 2012, el 10 de octubre de 2012
El 8 de diciembre de 2012, Hugo Chávez afirmó que, en caso de que él quedara incapacitado, Nicolás Maduro, debería asumir el cargo de presidente de la República hasta la convocatoria de unas nuevas elecciones, por las que pidió anticipadamente el apoyo popular hacia Maduro.
Las elecciones presidenciales de Venezuela se desarrollaron el 14 de abril del 2013. En ellas Nicolás Maduro obtuvo el 50,61% y Henrique Capriles Radonski, el 49,12%. El 9 de septiembre del 2013 fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la impugnación de las elecciones, un día antes de que se hiciera efectiva la salida de Venezuela del mecanismo, el informe fue entregado al organismo por parte del abogado y miembro de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Ramón José Medina que por su parte dijo: “Aspiramos que se anulen y se repitan esas elecciones, que fueron unas elecciones fraudulentas”
La actual crisis económica
El régimen Bolivariano no ha favorecido para nada a la producción y diversificación de mercados por parte de la iniciativa privada, cuya participación ha ido decreciendo y ha apostado todo a la exportación petrolera.
Es por ello que la caída de los precios del petróleo desde 2014 castigó duramente a la economía venezolana, que recibe 96% de sus divisas de la exportación de hidrocarburos.
El país debió reducir drásticamente las importaciones, generándose una escasez de todo tipo de bienes, lo que mantiene postrada a la industria local por falta de insumos. De acuerdo con estimaciones privadas, la economía retrocedió 11,3% en 2016.
El agudo desabastecimiento se combina con la inflación más alta del mundo, que el FMI proyecta en 1.660 % para 2017.
Las cifras de una encuesta nos muestra el empobrecimiento de la población en los últimos 3 años:
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Año
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2014
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2017
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Pobreza extrema
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23.6%
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52%
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Pobres
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24.8%
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30%
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No pobres
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51.6%
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18%
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Maduro, siguiendo la teoría del complot, atribuye el colapso a una "guerra económica" de empresarios y "poderes imperiales" que, según él, promueven un boicot para impedir que el país consiga financiamiento externo; lo cual es una rotunda mentira ya que Venezuela ha contraído en los últimos 9 años una deuda que asciende a 60 millardos de dólares con China y que luce impagable.
Precisamente, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) autoriza al gobierno a firmar acuerdos económicos sin aprobación del Parlamento.
Quizás lo más grave sea lo que muestra la siguiente lámina:
El destino de la ayuda humanitaria en alimentos del Gobierno de México
El medio vanguardia24 presenta la siguiente información el 21 de febrero de 2017: <<Las redes sociales están encendidas luego de descubrirse porque la comida otorgada por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en Venezuela es comida importada de México.
Según se pudo conocer a través de usuarios de las redes sociales el Presidente Mexicano Enrique Peña Nieto habría dicho a través del canal mexicano TV Azteca que él (Enrique Peña Nieto) devolvió el favor enviando alimentos a Venezuela así como el Presidente fallecido Hugo Chavéz envió ayuda necesaria para su país en su momento.
De ésta manera México deja claro que la comida que están cobrando en los CLAP ha sido dada a Venezuela como ayuda humanitaria. Igualmente informan que la denuncia costó la salida del aire de TV Azteca.>>[1]
Deterioro de la seguridad
Unas 28 mil muertes violentas se registraron en el país caribeño en 2016, es decir 91,8 por cada 100 mil habitantes, tasa diez veces mayor a la media mundial-, según la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).
A la vez, se multiplican las denuncias de violaciones de los derechos humanos por parte de la fuerza pública, como ajusticiamientos y allanamientos ilegales.
El golpe del Poder Judicial
El choque de poderes es constante desde enero de 2016, cuando la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tomó el control del Legislativo tras 17 años de hegemonía chavista.
No obstante, antes del relevo en el Congreso, la mayoría chavista saliente aprobó y oficializó el nombramiento de 13 nuevos magistrados y 21 suplentes del TSJ (que ahora cuenta con 32) para 12 años. Estos magistrados fueron ya nombrados por Maduro, de lo que se entiende su domesticación.
La oposición se volcó en 2016 a impulsar un referendo revocatorio contra Maduro, pero el proceso fue suspendido el 20 de octubre por el poder electoral alegando irregularidades.
Descartado el revocatorio, la oposición ha pedido adelantar las elecciones presidenciales, lo que Maduro rechaza. Esos comicios están programados para diciembre de 2018, mientras que los regionales debieron realizarse a fines del año pasado, pero fueron pospuestos y aún no se fija fecha.
Como requisito para futuras votaciones, el poder electoral -acusado también de ser un apéndice del Ejecutivo- obligó a los partidos a recoger firmas para validarse.
El inicio del conflicto actual partió de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), declaró en desacato a la cámara legislativa y ha anulado todas sus decisiones, por haber juramentado a tres diputados acusados de fraude electoral.
El miércoles pasado, la corte adoptó las competencias del Parlamento unicameral justificándose en el desacato, lo que la Asamblea legislativa denunció este jueves como "un golpe de Estado".
La sentencia "pulveriza la división de poderes", dijo a la AFP el analista Luis Vicente León, aunque recordó que en la práctica el TSJ ya venía ejerciendo funciones legislativas a través sus sentencias.
¿Se resquebraja la República Bolivariana?
En tanto la ciudadanía se ha lanzado a protestas masivas por la virtual disolución de la Asamblea legislativa, la chavista Luisa Ortega, Fiscal General de Venezuela, expresó el pasado 31 de marzo que: “En dichas sentencias (las emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Asamblea Nacional de Venezuela) se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del orden constitucional”.
La Fiscal General, cercana colaboradora del presidente Chávez, tiene amplísimas facultades legales para procesar a cualquier funcionario público, incluido el presidente Maduro y los magistrados del TSJ.
<<Un diplomático latinoamericano radicado en caracas que pidió la reserva de su nombre dijo a este semanario que las declaraciones de Ortega develan “una disputa interna del chavismo nunca vista hasta ahora”, Por un lado, señaló están los chavistas primigenios no maduristas, y por otro, el chavismo madurista, que cada vez es menor.
“Si esto fuera un partido de fútbol, la oposición estaría viendo el partido en las gradas y en la cancha estarían estas dos facciones chavistas disputándose con mucho encono el balón. Y este partido puede terminar en una refriega”, comentó.
Y dijo que la posición crítica de la fiscal Ortega “es el hecho político más importante en Venezuela luego de la muerte de Hugo Chávez (en 2013) porque ella no está sola, sino que representa a un sector chavista inconforme con Maduro, y en ese sector debe haber militares activos”.
El presidente de la Asamblea Nacional, julio Borges, señaló que el gobierno “esta fracturado por dentro, dividido entre los que quieren seguir su conciencia y los que quieren seguir mintiendo”.
El diputado opositor llamó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a los poderes públicos a actuar como la fiscal Ortega, y denuncio que además de la ruptura del orden constitucional, en el país se vive una virtual suspensión de garantías en el que cualquier ciudadano puede ser detenido y cualquier protesta puede ser reprimida.>>[2]
Si bien hasta el momento el poderoso ministro de defensa no se ha manifestado, el general chavista Cliver Alcalá, que se apartó del chavismo en 2016, manifestó a Proceso que: <<si el alto mando militar se ubica al margen de la constitución y respalda al presidente, “cometería un error histórico y quedaría aislado de la tropa, porque el sentir de los soldados es el mismo que tiene el pueblo venezolano, de hastío con la crisis económica, la escasez de alimentos, la pobreza y la falta de libertades políticas” […] Alcalá está convencido de que si maduro persiste “en su postura de violar la constitución” y si el TSJ no revierte el fallo que desconoce a la Asamblea Nacional, la FANB “tendrá que defender la constitución y estar al lado del pueblo”.
Y si el alto mando militar “no funciona como funciona el resto, le pasará lo que le pasó en el golpe de abril (de 2002 en contra de Chávez), cuando la base se acabó separando de la cúpula”.[3]
- Que Maduro de marcha atrás al golpe de estado con lo que quedaría debilitado y tendría que negociar con la oposición y con la comunidad internacional que repudia el golpe, llamando a elecciones.
- Que maduro no dé marcha atrás al golpe de estado del sumiso TSJ, en cuyo caso ante la presión ciudadana los militares serían los que resolverían esta crisis, mediante la destitución de Maduro o la convocatoria a nuevas elecciones.
Notas:
