Pablo Hiriart | febrero 24, 2023
El gobierno lleva cuatro años dando pasos a la tiranía, con México y todos nosotros a cuestas.
Algo tarde, pero buena parte de la población en nuestro país e instituciones de Estados Unidos comienzan a darse cuenta de que en México está en curso un golpe de Estado.
Un golpe como son desde el fin de la Guerra Fría: llegan al poder por la vía democrática y luego destruyen la democracia para perpetuarse en el poder.
Es erróneo hablar del proyecto de “restauración del viejo régimen”. Estamos ante otra cosa, como hemos sostenido desde siempre en esta columna: el proyecto es la tiranía.
No viene al caso recordar aquí las señales y los hechos de años recientes que confirman la tendencia dictatorial del presente gobierno, porque son del dominio público.
Tampoco es momento de enseñar nuevamente cómo fue la evolución del chavismo venezolano hasta consolidar una dictadura.
O la nicaragüense, que poco a poco acabó con las libertades en ese país (su economía, por cierto, no va mal, gracias al acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y a las remesas de los que emigran).
Cuando AMLO nos dijo “al diablo las instituciones”, quería decir exactamente eso: al diablo las instituciones.
Hoy el país está militarizado. El Ejército ha sido pervertido al servicio de un proyecto político.
Las Fuerzas Armadas tienen el control de áreas de poder, estratégicas, que estaban en manos civiles, incluso en los años más duros del autoritarismo priista.
El gobierno lleva cuatro años dando pasos a la tiranía, con México y todos nosotros a cuestas.
Como apuntó ayer en estas páginas Enrique Cárdenas, “las Fuerzas Armadas hoy controlan el movimiento de personas, bienes y servicios, medios de comunicación y puertos de entrada y salida del país, tienen atribuciones para investigar y para poner a disposición del Ministerio Público a sospechosos, auxiliado por la cada vez más amplia lista de delitos merecedores de prisión preventiva oficiosa”.
La simbiosis entre el partido gobernante y grupos criminales se extiende, con fines políticos: ganar elecciones, secuestrar rivales políticos en comicios, amedrentar.
El poder de los cárteles de las drogas y la extorsión se expande en casi todo el territorio de la patria mexicana.
¿Quién le va a quitar el poder a Morena, por la vía democrática, si tienen a esos aliados?
Han festejado el veredicto contra García Luna, y demandan cárcel para sus exjefes Felipe Calderón y Vicente Fox.
El actual gobernador de Sonora y primer secretario de Seguridad Ciudadana en este gobierno, Alfonso Durazo, le compró un terreno al hijo del Señor de los Cielos, Amado Carrillo, junto a la playa en bahía de Kino.
Fue vocero y secretario particular de Vicente Fox, cuando un cártel le puso un ‘topo’, también de Sonora, como coordinador de giras al entonces presidente.
López Obrador destruye reputaciones de figuras públicas que no bailan al son de su proyecto. Ayer le tocó el turno al ministro en retiro José Ramón Cossío, de prestigio internacional, bañado en el lodo de las injurias presidenciales.
¿Por qué? Porque va a hablar en la concentración del domingo, convocada para defender el instituto electoral que el gobierno quiere destruir.
Defiende la permanencia en la Corte de una ministra que no pudo hacer su tesis de licenciatura, pero es subordinada suya.
Esta semana el Presidente exhortó a “agarrar a 10 periodistas e ir a sus casas” a ver cómo viven.
Se tomó a la ligera, por lo exagerado de la petición, pero es un error (otro) no entender a Mario Delgado, presidente de Morena, cuando demanda quitarle el registro al PAN, que es el principal partido de oposición.
El espionaje de las vidas privadas está en su apogeo, funcionarios públicos de primer nivel, como la gobernadora de un estado, los exhibe públicamente sin consecuencia alguna para ella.
A la senadora Lilly Téllez, a quien el Presidente teme (no fue a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez porque la legisladora sonorense le podía decir algo), la amenazaron públicamente, en el Senado, con videos de su vida, ya no privada, sino íntima.
Exactamente así actúan las dictaduras.
López Obrador se niega a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú, porque opina que la presidenta de ese país es “espuria”.
Su particular punto de vista va contra lo que votó el Congreso de Perú, que casi por unanimidad depuso a Pedro Castillo por corrupción, y asumió la vicepresidenta, como marca la Constitución del país andino.
No entrega la presidencia de un organismo internacional porque desconoce a la titular del Poder Ejecutivo de Perú.
¿Va a entregar la presidencia de México, su país, si pierde su candidata o candidato?
¿Le va a entregar la banda presidencial a una “traidora” o “traidor a la patria”?
Vivimos un golpe de Estado “en cámara lenta”, como lo definió el periodista Julián Andrade.
Por eso la obsesión por destruir al INE –sólo le falta salvar el escollo de la Suprema Corte para consumarse–.
Lo necesitan destruir o apropiárselo para eternizarse en la presidencia y asegurarse el control del Congreso, aunque pierdan.
Por eso la ira contra los convocantes a la marcha del próximo domingo, frente a la Corte.
Fuente:https://twitter.com/PabloHiriart/status/1629089548407029760?cxt=HBwWgIDSgYSU2JstAAAA&cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email
