(Sevilla, 30-ago-1762 –México, 8-oct-1821)
Militar, político, secretario de Guerra en la Regencia, capitán general de Andalucía, jefe político de Sevilla, capitán general de las provincias de Nueva España, primero y único jefe político de Nueva España.
Nacido en Sevilla, de origen irlandés, forma parte del amplio conjunto de hispano-irlandeses que nacieron y desarrollaron su vida y actividades en España. Estudió la carrera militar y se especializó en el Arma de Caballería, y en 1807 era oficial comandante de la Real Escuela Veterinaria. Al producirse la invasión francesa, fue ascendido a coronel del Regimiento de Olivenza, 3º de Húsares […]
Preso el propio O’Donojú de los franceses, lo salvó de la muerte la intervención de fray Servando Teresa de Mier, que logró hacerle escapar junto con otros oficiales. Ascendido a teniente general, participó en numerosas acciones durante la Guerra de la Independencia. Destacado por sus méritos y miembro de la Masonería española, entre mediados de 1813 y la primavera de 1814 ejerció de secretario del Despacho de Guerra en el gabinete de la Regencia.
En representación del Ministerio, tuvo que presentar ante las Cortes Ordinarias, en las sesiones correspondientes a 1813 (de octubre a febrero) y 1814 (de marzo a mayo), las Memorias ministeriales que daban cuenta del “estado en que se halla la Nación”, informes que los secretarios estaban obligados a rendir por escrito ante la Cámara, según el Reglamento para la Regencia aprobado el 8 de abril de 1813.
En la sesión del 3 de octubre, en el informe de O’Donojú sobre la rebelión en Ultramar, se describía la situación en que “se encuentran las desgraciadas revoluciones que los agitan”, así como las medidas que en cada territorio se habían tomado “para hacer frente a las mismas”. Pasado el informe a la correspondiente comisión, ésta propuso numerosas actuaciones de política militar, que fueron aprobadas. Se afianzaba así el régimen de control parlamentario de las Cortes de Cádiz, confirmado al repetirse la misma representación durante la siguiente sesión de Cortes. Se ha subrayado el interés de la segunda Memoria de O’Donojú, llena de cuadros estadísticos, que reflejan perfectamente la situación militar de la Monarquía. En cuanto a las provincias de América, y en concreto a Nueva España, se calificaba su estado de “dramático”, por la cantidad de “robos y saqueos a cargo de las gavillas de insurgentes”. A lo largo de los últimos años, la política de la Regencia en relación con la “cuestión americana” había sido incapaz de superar la visión simplista que asimilaba las provincias de ambos lados del Atlántico, para aplicar la misma solución a situaciones diferentes. Según la doctrina oficial, se había desarrollado una amplia conspiración general que “seducía a los buenos españoles”, convirtiéndolos en víctimas de los caprichos y la ambición de unos cuantos “facciosos descarriados”.
El golpe de Estado de mayo de 1814, mediante el que Fernando VII recuperó la Corona, significó la persecución y enjuiciamiento de los comprometidos con las instituciones constitucionales. A partir de aquel verano, tras una serie de encuentros en Madrid, se inició una cadena de pronunciamientos, encabezados por los de Espoz y Mina y Porlier. Perseguido y encausado, al haber aparecido su nombre en la conspiración del comisario de guerra Vicente Richart, la llamada “conspiración del Triángulo”, se condenó a O’Donojú a cuatro años de prisión en el castillo de San Carlos de Mallorca “y a que no vuelva a Madrid y sitios reales por otros cuatro años”, declarándole inhábil para cualquier tipo de mando. Sin embargo, liberado por falta de pruebas, regresó a Sevilla, donde residió a partir de entonces. Miembro destacado de la Masonería española recientemente constituida (en 1816 el conde de Montijo había establecido el Gran Oriente en Granada), se integró inmediatamente en el desarrollo de la red de conspiradores civiles y militares, que actuaba en el entorno del contingente expedicionario concentrado en Andalucía.
Cumplidos los cincuenta años, se le consideraba miembro del cuerpo de oficiales que había ascendido por méritos militares, por lo que recibió la Gran Cruz de Carlos III en 1817 y la de San Hermenegildo en 1819. En enero de 1820, en apoyo al golpe de Las Cabezas de San Juan, dirigió en Sevilla el levantamiento popular constitucionalista y, tras la aprobación del Real Decreto de 7 de marzo de 1820, que reponía la Constitución de Cádiz, dado su rango de teniente general, se le nombró sucesivamente jefe político de la provincia el 10 de marzo, capitán general de Andalucía el 20 de marzo y ayudante de campo de Su Majestad el 24 de abril. Al constituirse el primer ministerio constitucionalista, se convirtió en corresponsal y ejecutor de la política de Argüelles y del marqués de las Amarillas en la zona sur. […]
En enero de 1821, como resultado de las noticias que llegaban de la rebelión en Nueva España, apaciguados al parecer los levantamientos y controlada la situación de los focos guerrilleros por la actuación de los mandos militares al servicio del virrey Apodaca, quien por su parte solicitaba que se le sustituyera, las Cortes recientemente constituidas discutieron una nueva política americana y decidieron el envío de un capitán general (se había cancelado el cargo de virrey) que fuera al mismo tiempo jefe político de la Nueva España. Incapaces de separar el mando político del militar, las Cortes estaban dispuestas a aplicar en América las mismas fórmulas liberales que se pretendían para España: establecimiento de diputaciones, nombramiento de delegados del poder ejecutivo, jefes políticos de las provincias, etc. Tratando de buscar al hombre mejor capacitado para su ejecución, tanto el Ministerio como los componentes de la Asamblea, y en especial el mexicano Ramos Arizpe que lo conocía muy bien, apostaron por O’Donojú, que resultó elegido en medio de una abierta controversia.
El 2 de marzo, la Secretaría de Gobernación de Ultramar le entregó las instrucciones reservadas y le encargó “la normalización y pacificación de las provincias de la Nueva España”. Los informes llegados de México daban cuenta de enfrentamientos y defecciones entre los altos mandos militares y movimientos políticos de resistencia a la reimplantación de la Constitución liberal de Cádiz. Aniquilados casi todos los focos guerrilleros, predominaba en México una corriente tradicionalista y conservadora, que siempre había rechazado las pretendidas reformas liberales. O’Donojú, por su parte, al aceptar la misión que se le encomendaba, expresó “su amor y admiración al Rey y a la Constitución, por cuya conservación estoy pronto a sufrir toda clase de sacrificios”.
Entre tanto, en México, la situación evolucionaba de manera muy distinta. El 24 de febrero de 1821, reunidos los representantes de diferentes tendencias, entre ellos algunos generales realistas, más dirigentes guerrilleros, líderes de las corrientes autonomistas, autoridades eclesiásticas y otros grupos, aceptaron el llamado “Plan de Iguala”, propuesto por Iturbide y el “Ejército de las Tres Garantías”, que recogían los presupuestos de un gobierno provisional que sería necesario instaurar “con el objeto de asegurar nuestra sagrada religión y establecer la Independencia del Imperio Mexicano” […]
El Plan de Iguala provocó una grave crisis institucional en el virreinato, la división más profunda entre los mandos del Ejército realista —algunos generales, entre ellos Celestino Negrete, gobernador de Guadalajara, se pasaron al bando independentista— y un enfrentamiento interno que cristalizó en la demanda de dimisión del virrey Apodaca y su sustitución por un general —se discutió entre Pascual de Liñán y Pedro Francisco Novella, siendo este último quien dirigió el arresto y sustitución del virrey, conde de Venadito, el día 5 de julio de 1821—.
Pedro Francisco Novella
O’Donojú, acompañado de su esposa y de un grupo de colaboradores, entre los que destacaban Manuel Codorníu, periodista liberal y masón que colaboró con él en Sevilla, y Francisco de Paula Álvarez, su secretario en Capitanía General, embarcaron en Cádiz el 30 de mayo, rumbo a La Habana y Veracruz. En la comitiva, además de ayudantes y colaboradores, viajó también Miguel Muldoon, sacerdote irlandés que había estudiado y residía en Sevilla y que posteriormente se instaló en Texas como misionero.
La comitiva llegó al fuerte de San Juan de Ulúa el día 30 de julio, encontrando que Veracruz se encontraba sitiada por el rebelde coronel López de Santa Anna. Tras varios días de negociación pudo desembarcar el 3 de agosto, dispuesto O’Donojú a tomar posesión de sus cargos. Pero la situación en el virreinato parecía caótica.
El coronel Novella, que había asumido mediante un golpe de fuerza el cargo de virrey, trató de gobernar con medidas enérgicas, creó una Junta Militar que preparó la defensa de la ciudad, lanzó un manifiesto dirigido a la población reconociendo “días peligrosos y circunstancias críticas” y puso en marcha una batería de resoluciones de censura, restricción y control. Se llamó al servicio a todos los hombres y dirigió dos proclamas: una “a los españoles” comparando la situación de España con la de Nueva España y a Iturbide con Napoleón y pidiéndoles participar en la guerra “contra la traición, la cobardía y el egoísmo, hasta la victoria o la muerte”; y otra proclama titulada “a los egoístas”, que se refería a quienes se ocultaban o desertaban de sus obligaciones, porque “serían tratados como reos y condenados a la perdición eterna”.
Por su parte, el hasta entonces coronel Iturbide había conseguido reunir en torno suyo a las fuerzas moderadas, conservadoras y antiliberales, a la vez que a los más destacados dirigentes de la vieja y la nueva insurgencia, así como organizar el “Ejército de Las Tres Garantías”, basado en la estructura del hasta entonces Ejército realista, que se estaba pasando en su mayoría al bando de la independencia. Al mando de Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, este nuevo Ejército tomó la ciudad de Puebla el día 3 de agosto y se encontraba poco después acampado frente a la Ciudad de México. […]
La escala de mando del nuevo Ejército se estableció de este modo: un “generalísimo”, Iturbide, criollo de conocida raigambre vizcaína; un teniente general, Pedro Celestino Negrete, español y hasta entonces al servicio del virrey; cinco mariscales de campo, Bustamante, Quintanar, Guerrero, de la Sota y Luaces; y once brigadieres, entre los que se encontraban Nicolás Bravo y el español José Antonio de Echávarri.
Novella trató de hacerse fuerte en la Ciudad de México y, mientras el virrey Apodaca se retiraba a una mansión privada, la mayoría de los oficiales españoles dudaron entre la lealtad al Rey o la aceptación de la nueva situación, y en estas dramáticas circunstancias apareció Juan O’Donojú en Veracruz. Tomó posesión de sus cargos (capitán general y jefe político superior) del mejor modo posible y se enfrentó en seguida a las circunstancias que conoció de inmediato. En su primera proclama al pueblo de Nueva España, fechada el mismo día 3 de agosto, se declaraba liberal, explicaba la novedad que suponía el restablecimiento de la Constitución de 1812 y afirmaba que el nuevo régimen estaba dispuesto a atender las demandas de las provincias y a convenir su futuro, de común acuerdo con los ciudadanos. Era cuanto podía decir en aquel momento.
Pero la realidad corría en otra dirección. El Plan de Iguala, el posicionamiento de las fuerzas civiles y de los mandos militares, la desconfianza que suscitaba la Constitución entre los grupos conservadores y la decisión de la jerarquía eclesiástica, constituía un bloque monolítico imposible de vencer. Al conocer que el “generalísimo” Iturbide estaba cerca de allí, O’Donojú convino una entrevista y ambos se encontraron en la ciudad de Córdoba, a la vista del Pico de Orizaba, la montaña más alta de México. Tras un encuentro en el Portal de Cevallos, una casona del siglo xvii situada en el centro de la ciudad, firmaron el llamado Tratado de Córdoba, el día 24 de agosto. […]
La tarea inmediata de O’Donojú consistió en tratar de explicar por escrito al secretario de Estado las razones por las que había firmado este tratado, a la vez que se enfrentaba a Novella en México y al general José Dávila, gobernador de San Juan de Ulúa, que se mantenía reticente a la entrega de la fortaleza, tratando de que depusieran su actitud.
Escribió al secretario de Estado, en carta fechada el 31 de agosto: “Todas las provincias de la Nueva España habían proclamado la Independencia, todas las plazas habían abierto sus puertas por fuerza o por capitulación a los sostenedores de la libertad; un ejército de treinta mil soldados…, un pueblo armado en el que se han propagado las ideas liberales…, dirigidos por hombres de conocimientos y de carácter y puesto a la cabeza… un Jefe que supo entusiasmarlos”.
Al referirse a la resistencia de los militares y civiles realistas y defensores de mantenerse en el seno de la Monarquía española, añadía: “Restaba aún México, ¡pero en qué estado! El virrey depuesto por sus mismas tropas, éstas ya indignas por este mismo atentado…, su número que no pasaba de dos mil y quinientos veteranos y otros dos mil patriotas; una autoridad intrusa... La Independencia ya era indefectible sin que hubiese fuerza en el mundo capaz de contrarrestarla; nosotros mismos hemos experimentado lo que sabe hacer un pueblo que quiere ser libre. Era preciso, pues, acceder a que la América sea reconocida por Nación soberana e independiente y se llame en lo sucesivo Imperio Mexicano”. Con los enviados que llevaban el texto del tratado a Madrid, escribió al ministro: “Espero que se digne recibirle con benignidad, conceder su alta aprobación, si no a mi acierto a mis buenos deseos..., accediendo a la pretensión de estos pueblos que anhelan ser dirigidos por S.M. o un príncipe de su Casa”.
Entre tanto, se ocupó de resolver los dos problemas pendientes. Al general Dávila, fortificado en San Juan de Ulúa, le comunicó que el tratado tenía por objeto “la felicidad de ambas Españas y poner de una vez fin a los horrorosos desastres de una guerra intestina; él está apoyado en el derecho de las Naciones; a él le garantizan las luces del siglo; la opinión general de los Pueblos ilustrados; el liberalismo de nuestras Cortes; las intenciones benéficas de nuestro Gobierno y las paternales del Rey”. La respuesta de Dávila fue inmediata y tajante: no rendiría la plaza. Y continuó en la fortaleza durante algunos años más, incluso después de proclamarse la República en 1824.
Con Pedro Francisco Novella tuvo que discutir por más tiempo, a través de un intenso intercambio de correspondencia, ya instalados Iturbide y O’Donojú en Tacubaya, a las puertas de la Ciudad de México.
En primer lugar, le afeó su conducta y amenazó con formarle causa por “el atentado que había perpetrado contra la autoridad del virrey legítimo que era Ruiz de Apodaca”, pero enseguida le obligó a reconocerle como capitán general del Ejército real y jefe político y consiguió que se entrevistara con Iturbide. El 16 de septiembre publicó una Proclama a los mexicanos, anunciando la terminación de la guerra. O’Donojú se instaló en la Ciudad de México el día 26 de septiembre.
Los puntos del Tratado de Córdoba se iban cumpliendo uno tras otro. El día 27 de septiembre tuvo lugar el solemne desfile de un contingente de dieciséis mil soldados del Ejército Trigarante por las calles de la Ciudad de México, rodeado del fervor popular, y encabezado por Iturbide y O’Donojú, lo que significaba al mismo tiempo el reconocimiento de la autoridad de Iturbide, triunfante y ganador final del largo enfrentamiento de más de una década. Inmediatamente se constituyó la Regencia, compuesta de cinco personas, en la que figuraban Iturbide, O’Donojú, Manuel de la Bárcena (arcediano de la Catedral de Valladolid —hoy Morelia— y gobernador del obispado), José Isidro y Áñez (oidor de la Audiencia de México) y Manuel Velásquez de León (secretario en las oficinas del virreinato y director de Hacienda Pública).
Al día siguiente quedó constituida también la Junta Provisional Gubernativa formada por treinta y ocho personas, […], y a continuación pasaron a redactar el Acta constitutiva del Imperio […]
Su publicación, firmada por Juan José Espinosa de los Monteros, secretario de la Junta, tuvo lugar el día 6 de octubre, cuando O’Donojú se encontraba recluido en su residencia, aquejado de una pleuresía fulminante.
Manuel Codorníu
Entre tanto, se habían designado cuatro ministerios y se habían creado cinco regiones militares. Dos días después, el 8 de octubre falleció Juan O’Donojú. Sus familiares y amigos, sin embargo, se mantuvieron en México, unos a la espera de la respuesta de Madrid, otros plenamente incorporados a la vida política, como el doctor Manuel Codorníu, acreditado masón del rito escocés, fundador de la logia “El Sol” y del periódico del mismo nombre, que apoyaba la independencia y excluía al clero de cualquier intervención en la educación de la juventud, fomentando la difusión en México de las escuelas lancasterianas.
La temprana muerte de O’Donojú (nunca se acreditó el rumor de envenenamiento) fue un golpe muy duro para el proyecto autonomista y monárquico de algunos grupos comprometidos con el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba, que, por otra parte, aunque con gran retraso, resultó absolutamente rechazado por las Cortes españolas y el Rey. El 7 de diciembre de 1821 se firmó en Madrid la respuesta al escrito de O’Donojú, negándole cualquier facultad para “celebrar convenios que reconocieran la independencia de ninguna provincia americana”. Las Cortes españolas, el 13 de febrero de 1822, rechazaron la firma del Tratado y del Plan e incluso, algo después, cuando en mayo de 1824 Fernando VII publicó el “indulto y perdón general” por actuaciones contra la Monarquía cometidas en América, se incluyó una cláusula de exclusión específica, destinada a “los españoles europeos que tuvieron parte en el convenio o tratado de Córdoba” y más concretamente a Juan O’Donojú, “de odiosa memoria”, por haberlo celebrado.
Real Academia de la Historia España
Bibliografía: J.Delgado, “La misión a México de don Juan O’Donojú”, en Revista de Indias (Madrid), n.os 35/36 (1949); J. Delgado, España y México en el siglo XIX, Madrid, Ed. de Cultura Hispánica, 1950; J. I. Rubio Mañé, “Noticias biográficas del teniente general don Juan O’Donojú, último gobernador y capitán general de Nueva España”, en Boletín del Archivo General de la Nación (México), vol. VI.1 (1965); T. E. Anna, La caída del gobierno español en la ciudad de México, México, Fondo de Cultura Económica, 1981.
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