Felipe Monroy | 16 abril 2018
La semana pasada, los obispos católicos del país lograron convocar a los candidatos a la presidencia de la República para que éstos se apersonaran en su 105ª Asamblea Plenaria y expresaran de viva voz sus planteamientos políticos. Poco de lo ocurrido en la singular pasarela fue comunicado institucionalmente, excepto el mensaje que el cardenal arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles, emitió a cada uno de los aspirantes en nombre de sus hermanos obispos, y lo que cada candidato quiso explicar de la reunión.
Justo antes de los encuentros, los obispos dieron un Mensaje al Pueblo de Dios donde plantearon la urgencia de hacer prevalecer las propuestas políticas por encima de las descalificaciones personales: “invitamos al compromiso por la transparencia, la legalidad, la honradez, la equidad, el dialogo, y la verdad, y evitar la mentira, el fraude, la coacción, la simulación, la violencia, el engaño a los pobres con dádivas pasajeras y todo lo que desvirtúe la democracia de cuya construcción todos somos responsables”. El diálogo con los candidatos fue la oportunidad perfecta para hacer eco de estas exigencias ciudadanas pero, por alguna razón, los encuentros hallaron otros caminos, menos morales y más políticos.
El arzobispo Francisco Robles, que entró en su último semestre como presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, hizo un largo discurso donde presentó cinco “anhelos/compromisos” políticos de los obispos para el país y una reflexión sobre la situación actual de la nación; pero ya no habló de la “dignidad humana” ni el “compromiso por la paz y las causas sociales” de la que habían hablado esa misma mañana ante los medios de comunicación.
Sobre los anhelos (que incluyen el abatimiento a la pobreza, el sistema económico humano, el fortalecimiento del Estado derecho y la educación de calidad), el cardenal jalisciense expresó el deseo de que en México se respeten los derechos fundamentales: “principalmente, la libertad de conciencia y la libertad de religión”.
En el mensaje final de esa asamblea, los obispos habían solicitado buscar qué afecta la vida y la dignidad de las personas para así trabajar a su favor; pero a los políticos no se les mencionó que el derecho fundamental que la iglesia católica promueve y defiende universalmente es precisamente la vida humana. El propio Francisco, en su última exhortación apostólica Exultate et Gaudete reclama: “Se olvida que ‘no es que la vida tenga una misión, sino que es misión”.
Es claro que la promoción del derecho a la vida ha generado más tirantez que acuerdos en el país; pero ese derecho a la vida es el que justamente mueve y conmueve al obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, a dialogar con narcotraficantes para preservar la vida de sus fieles y de los ciudadanos. Dignidad de la vida humana que el Papa jesuita explica así: “Porque Dios está misteriosamente en la vida de toda persona, está en la vida de cada uno como él quiere, y no podemos negarlo con nuestras supuestas certezas”. Sin duda las libertades de conciencia y de religión son importantes, pero la dignidad de la vida como derecho humano fundamental es uno de los principales reclamos de los cristianos a las políticas públicas que permiten la muerte de tanta gente bajo condiciones de ignorancia, pobreza, indiferencia, miedo, amenaza, venganza o coacción.
En su primer mensaje, los obispos exigían que las campañas no debían engañar a los pobres con dádivas pasajeras; pero a los candidatos se les reconoció lo bien que se ha hecho: “En los últimos años hemos logrado conformar avances significativos en materia política, económica y social”; dijo Robles. Además, ¿por qué en su primer mensaje los obispos habrían pedido a los políticos que evitaran la mentira, el fraude, la coacción, la simulación y la violencia, si después iban a afirmar que en el extranjero causa “admiración… el manejo macroeconómico, la consolidación de instituciones democráticas y, por supuesto en algunos índices de salud, educación, vivienda, entre otros”?
Ante los políticos, los obispos afirman que México ha creado “un ámbito de instituciones creíbles en el contexto electoral” pero a la convocatoria sólo pudieron asistir Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Margarita Zavala debido a que las instituciones electorales han sido cuestionadas porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló de último momento una candidatura presidencial independiente (y aún estudia otra más) a pesar de que el propio Instituto Nacional Electoral documentara la invalidez de las firmas ciudadanas que fueron presentadas como requisito para aparecer en la boleta electoral.
En nombre de los obispos, el purpurado jalisciense pidió que la realidad de exclusión que se vive en el país no opaque la mirada sobre el bien conquistado: “La crisis ética, hay que decirlo, no es exclusiva del gobierno, ni de nuestra Nación”. Y, aunque dijo que es un cáncer de la humanidad que se debe combatir; sólo México sigue perdiendo credibilidad global en el índice de percepción de corrupción realizado por Transparencia Internacional debido a que la mayoría de casos de escándalos de abuso de autoridad o corrupción en el país se reservan bajo leyes de confidencialidad. Por ejemplo, la PGR clasificó la información del caso PEMEX-Odebrecht que involucraba funcionarios de los últimos dos sexenios mexicanos cuando en Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y Panamá ya hay funcionarios corruptos en la cárcel o, por lo menos, bajo juicio público ciudadano. Sólo en Venezuela y México se ha impedido la investigación pública de estos hechos. Además, en el último sexenio, los casos de ejecuciones extrajudiciales (Tlatlaya y Tláhuac) han sido reservados al conocimiento público; los conflictos de interés del propio presidente Peña Nieto y algunos de sus más cercanos colaboradores han sido reconocidos en el extranjero pero desestimados por las autoridades nacionales; y las denuncias de desvío del erario público a través de transferencias a universidades (7 mil millones de pesos) o programas de apoyo al campo (3 mil 500 millones de pesos) no han sido atendidas por las autoridades federales.
En el mensaje, el cardenal Robles describió al jefe del ejecutivo ideal para la jerarquía católica: “Necesitamos un Jefe de Estado capaz de orientar con firmeza y suavidad los esfuerzos de la sociedad y el gobierno, con una mirada de largo alcance, en este marco nacional e internacional que nos desafía. Además de estrategias y modelos de gestión, requerimos de la configuración de presupuestos civilizatorios capaces de impulsar un desarrollo humano, sostenible, integral y solidario”. Sin embargo, en su Mensaje con ocasión del Proceso Electoral, los obispos invitaban a elegir “el bien posible”: “Hacer el bien posible significa impulsar lo que aporte al bien común, a la paz, a la seguridad, a la justicia, al respeto a los derechos humanos, al desarrollo humano integral y a la solidaridad real con los más pobres y excluidos”.
Tras la reunión con los obispos, los candidatos sintetizaron los temas que abordaron en sus respectivos encuentros: Ricardo Anaya presentó su modelo de economía incluyente y se solidarizó con los obispos por los asesinatos de sacerdotes; José Antonio Meade dijo que se comprometió a combatir la pobreza y a fortalecer el Estado de derecho; López Obrador anunció que invitará al papa Francisco para que coopere en un diálogo por la paz; y Margarita Zavala comentó que “entendía perfectamente que un líder espiritual trate de calmar las cosas ante la debilidad del Estado”.
Al final, cada uno habló de lo que quiso porque se perdió una gran oportunidad de poner en el centro las búsquedas éticas y morales de la política, de contrastar la realidad, de hacer eco de lo que los católicos quieren de los liderazgos políticos: “trabajar comprometidamente por un México más próspero y pacífico, más solidario y participativo, más atento al rostro de los más pobres y menos cómplice de quienes los olvidan, los manipulan o los marginan”.
Fuente:https://monroyfelipe.wordpress.com/2018/04/16/candidatos-y-obispos-caminos-bifurcados/
