domingo, 18 de noviembre de 2018

AMLO, EL DISCURSO DEL ODIO; LA EVOCACIÓN DE ECHEVERRÍA



El modo de actuar del presidente electo Andrés Manuel López Obrador recuerda al expresidente Luis Echeverría, que llevó al PRI a la socialdemocracia. López Obrador y su grupo han ido asumiendo actitudes de división, encono, excluyentes… y sin haber llegado todavía al poder.


Héctor Moreno | 14/11/2018


El uso constante de un discurso de división y odio, así como de promesas populistas de parte del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador evoca el sexenio de Luis Echeverría, porque esas actitudes fueron el precedente para la violencia política y el desastre económico. 


No solo se trata de un parecido de ambos en el estilo personal de gobernar, sino de su origen de una misma matriz ideológica política, cuyas raíces se encuentran en aquel viejo sistema priista. 


Ideológicamente, para diversos analistas, la trayectoria de López Obrador y su grupo se inscribe en las corrientes del cardenismo–lombardismo–echeverrismo postulantes y defensoras del nacionalismo revolucionario, una especie de socialismo a la mexicana. 


Por eso, para algunos líderes de la izquierda, López Obrador es un liberal revolucionario, con lo cual se explica su admiración –casi idolatría por Benito Juárez – y los héroes oficiales como Francisco I. Madero, Lázaro Cárdenas. 


López Obrador y su grupo han ido asumiendo actitudes de división, encono, excluyentes… y sin haber llegado todavía al poder 



Ese origen y permanencia en sus postulados lo hizo encontrar puntos de convergencia con la izquierda histórica, pero también le ha hecho diferenciarse claramente de ellos, al grado de contar hoy con un instrumento nuevo, como lo es Morena, a costa de desfondar el único resquicio de la izquierda, el PRD. 


Pero en la práctica, López Obrador y su grupo han ido asumiendo actitudes de división, encono, excluyentes… y sin haber llegado todavía al poder. 



El odio promovido desde el poder 



La administración de Luis Echeverría Álvarez, 1970 – 1976, estuvo marcada por una violencia política en la cual, el hecho más sentido fue el asesinato de Don Eugenio Garza Sada, reconocido como un gran mexicano por sus obras. 


Durante los funerales, el 18 de septiembre de 1973, frente a Echeverría, Ricardo Margain Zozaya lo acusó de haber sido el autor intelectual del hecho. 


“Lo que alarma no es tan solo lo que hicieron, sino por qué pudieron hacerlo”, cuestionó. 


“La respuesta es muy sencilla, aunque a la vez amarga y dolorosa. Solo se puede actuar impunemente cuando se ha perdido el respeto a la autoridad; cuando el Estado deja de mantener el orden público; cuando no tan solo se deja que tengan libre cauce las más negativas ideologías, sino que además se les permite que cosechen sus frutos negativos de odio, destrucción y muerte. 


“Cuando se ha propiciado desde el poder a base de declaraciones y discursos el ataque reiterado al sector privado, del cual formaba parte destacada el occiso, sin otra finalidad aparente que fomentar la división y el odio entre clases sociales”. 


Conocer algo del contexto puede ilustrar algunos aspectos de la trascendencia del asesinato del Garza Sada. 


Una de las versiones más extendidas como posible causa del asesinato de Garza Sada fue el rescate financiero que iba a hacer a la cadena de 37 periódicos propiedad del entonces coronel José García Valseca, cuyo medio insignia era El Sol de México. 


Imposibilitado para pagar una deuda al gobierno, el militar recurrió al empresario regiomontano, quien habría accedido a adquirir los diarios, pero fue asesinado antes de que se cerrara la operación. 


García Valseca provenía de una corriente de militares revolucionarios entre quienes estaban los hermanos Manuel y Maximino Ávila Camacho, quienes habían sido presidente y gobernador de Puebla. Formaban parte de un grupo político distinto al de Echeverría, más identificado con Lázaro Cárdenas y José Guadalupe Zuno. 


El gobierno de Echeverría tomó el control de los “soles”. En su primer consejo figuró Juan Francisco Ealy Ortiz, quien salió al poco tiempo para convertirse en propietario de El Universal, donde actualmente permanece. 


A Mario Vázquez Raña, empresario de una familia mueblera, el gobierno le vendió la cadena y la dirigió hasta su muerte. 



La violencia política 



La polarización durante el sexenio de Echeverría la marcó la transformación ideológica del PRI hacia la socialdemocracia, en la cual Porfirio Muñoz Ledo jugó un papel relevante; su afán de imponer una educación sexual a través de los libros de texto sin consultar a los padres y la promoción para legalizar el aborto. 


Igualmente, los constantes enfrentamientos con el sector privado y la “reacción” política. En ese ambiente se dieron también otros hechos de violencia. 


En 1972, Genaro Vázquez Rojas, jefe de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) murió en un extraño accidente carretero cerca de Morelia, Michoacán. 


Joel Arriaga Navarro y Enrique Cabrera, dirigentes comunistas fueron asesinados en Puebla ese mismo año. 


Dos años después, Lucio Cabañas Barrientos, líder del Partido de los Pobres fue abatido. 


El 12 de septiembre de 1975, Carlos Ramírez Ladewig, jefe político de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) fue asesinado a balazos. Álvaro Ramírez Ladewig y su hijo, Carlos Ramírez Powell siempre denunciaron que fue un crimen de Estado, ordenado por el Presidente Luis Echeverría Álvarez. 



La era de López Obrador 



El discurso de división de López Obrador ha sido una constante, a pesar de vaivenes temporales acordes a la coyuntura política. Su animosidad a los empresarios, a quienes en su reciente campaña descalificó como una “minoría rapaz”, no es nueva. 


Baste citar un escrito suyo publicado en un suplemento de La Jornada, el 5 de diciembre de 2007, sobre los “10 años de gobierno de izquierda en el DF. 1997-2007”. 


“Esos personajes de las cúpulas empresariales son gente muy atrasada y actúan con mucha hipocresía: se la pasan en la iglesia, pero no saben qué es el cristianismo, no tienen amor al prójimo, son totalmente egoístas, el dinero los tiene enfermos y es su verdadero Dios”, escribió el tabasqueño. 


Sus descalificaciones a prensa y adversarios como “fifís”; su lenguaje decimonónico –para emular a Juárez – de tildar de conservadores a quienes no piensa como él y su grupo; sus promesas de bienestar sin ofrecer cómo lo has hará realidad evocan a ese populismo y a ese estilo de Echeverría. 


Frente a miles de personas que marcharon en la Ciudad de México para exigirle respeto a la legalidad y no realizar más consultas a modo, su respuesta no deja lugar a dudas, se asume como adversario, no como Presidente electo y desafía con más consultas a su manera. 


Su discurso de división, de odio, lleva, inevitablemente a evocar el sexenio de Luis Echeverría. 





Fuente: https://www.actuall.com/criterio/democracia/amlo-discurso-del-odio-la-evocacion-echeverria/?fbclid=IwAR3_crrHr1BYlV9A41D5KOltgTr8pphISdNYrlvgl48PsnspzhzDxdbVHrU

miércoles, 14 de noviembre de 2018

EN MATERIA DE JUSTICIA, AMLO NO OFRECE SOLUCIONES DE FONDO: EL MINISTRO COSSÍO


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Por Jorge Carrasco Araizaga , 10 noviembre, 2018

El presente es desastroso, pero el futuro no se ve mejor: sin una verdadera política de justicia no habrá comisiones de la verdad ni amnistías que valgan frente a la polarización social y el abandono de las instituciones judiciales. Esta es la opinión del ministro de la SCJN José Ramón Cossío, a pocos días de su retiro, acerca de los planteamientos del equipo del presidente electo en ese ámbito. Sobre el estilo lopezobradorista de hacer política, advierte: “Si el discurso va a ser que los 30 millones de votos autorizan hacer casi cualquier cosa, me parece que las instituciones no van a resistir…” 


Ciudad de México (Proceso).- El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío Díaz afirma que el saliente gobierno de Enrique Peña Nieto se desentendió de la política de justicia, mientras que el equipo de Andrés Manuel López Obrador no ha perfilado lo que hará en esta materia, salvo propuestas que no apuntan hacia soluciones de fondo. 

En entrevista con Proceso en vísperas de su retiro, luego de 15 años como ministro del máximo tribunal del país, subraya la urgencia de que México empiece un proceso de pacificación, no sólo por la violencia criminal, sino porque ha entrado en un proceso de polarización social que someterá a fuertes presiones a la libertad de expresión. 


Hace falta un liderazgo político que se comprometa a tomar en serio el tema de la justicia en el país. “Hay un derrumbe institucional” en esa área, asegura. El caso de los tráileres deambulando con cadáveres en Jalisco es apenas una muestra de ello. Asimismo, anticipa: Si el tema de los miles de desaparecidos queda irresuelto, se convertirá en “una bomba de tiempo” que tarde o temprano estallará con la radicalización de los familiares de las víctimas. 


Llegado desde la academia a la Suprema Corte en 2013, Cossío Díaz favorece la presencia de una comisión internacional para México. No para que reemplace a las autoridades encargadas de investigar los delitos y se encamine la justicia en el país, sino para capacitarlas, dado que muchas de sus acciones, por incompetencia, carecen de validez jurídica. 


El próximo gobierno va a tener una gran presión en el tema, con el añadido de que podría hacer modificaciones al Poder Judicial bajo el argumento de la legitimidad de los 30 millones de votos. 


“Si el discurso va a ser que los 30 millones de votos autorizan hacer casi cualquier cosa, me parece que las instituciones no van a resistir. No sé para qué tanto se va a utilizar ese discurso. Vamos a ver qué tanto las personas en esas instituciones resisten la narrativa de una persona que viene a resolver los problemas históricos del país, la del carro completo, la de los 30 millones, la del mandato popular. Eso se va a saber en el primer año del gobierno”, considera. 


En el ambiente de polarización del país asegura que la libertad de expresión también estará bajo muchas presiones. Explica: La elección manifestó que hay diferencias mucho más hondas de lo que habíamos pensado. Esa heterogeneidad es la que se está manifestando. Lo peligroso es que uno trate de acallar al otro porque se es chairo o fifí. 


Para los medios, dice, es una posición delicada porque se hacen y los hacen partícipes de estos grupos. “En términos de libertad de expresión, vamos a entrar, más allá de quién ocupe la presidencia, es un fenómeno social muy difícil”. 


A veces simplificamos en que había un antes y un después con López Obrador. No, él es causa de algunas cosas buenas y malas, y es producto de una situación social mucho más compleja, dice el constitucionalista. 


Considera que la cancelación del aeropuerto en Texcoco fue un acto profundamente simbólico: Se fue construyendo una disputa que fue una extensión de la elección del 1 de julio. Llegamos a la elección en una sociedad enormemente tensada entre quienes pensaron que simplemente había que seguir con lo que había o los que estaban a favor de un cambio radical. 


En el caso del aeropuerto se llegó al punto de que era un asunto de perdedores y ganadores. La cancelación fue un acto de poder, pero también en el mantenimiento de lo otro llevaba la implicación de un acto de poder. Es un ejemplo de la deformación a la que estamos llegando en el país, asegura. 



Confrontación ascendente

 




El ministro Cossío pasa a retiro de la Corte el 30 de noviembre próximo, en la víspera de que López Obrador asuma la Presidencia de la República. Las propuestas del próximo gobierno, al menos de lo que se ha dicho hasta ahora, para el ministro son insuficientes en comparación con los retos que enfrentará en materia justicia. 


“Al país le hace falta un proceso de pacificación. Es muy importante encontrar la manera de irle bajando no sólo la conflictividad que genera la delincuencia, sino también a las muchas conflictividades que se nos están abriendo. Estamos por abrir una, incluso, entre clases sociales. Hay una escalada de dos bandos.” 


Abunda: Estamos entrando en un proceso de muchos conflictos y de eso no tiene la culpa el próximo presidente. Son conflictos que no se habían podido manifestar, de clases sociales en los que las élites se están manifestando. 


“Lo que me preocupa es si ese proceso de pacificación lo vamos a hacer de forma paralela a la justicia. Supongamos que se creen varias comisiones de la verdad. Cuando terminen, ¿qué van a hacer? Una de dos: O generan una resolución vinculante –con lo cual se estaría quebrando todo el orden constitucional– o una megarrecomendación, que tampoco tendría mucha efectividad. 


Durante su periodo como ministro, Cossío Díaz fue integrante de la Primera Sala, encargada de los casos penales y civiles que llegan a la Suprema Corte. Casos como la interpretación constitucional que permitió la prisión domiciliaria de Luis Echeverría estuvieron bajo su ponencia en la Sala, de la que fue presidente y compartió 13 años con la ahora senadora y próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. 


Desde esa experiencia en justicia penal pone distancia sobre la propuesta del próximo gobierno de crear comisiones de la verdad para casos de graves violaciones a los derechos humanos, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las ejecuciones de presuntos delincuentes a manos de militares cuando ya habían sido sometidos, o las masacres en San Fernando: 


“Parece creerse que la pacificación va a entrar por actos de las comisiones de la verdad, de actos de buena voluntad. Y eso no es así. Hay una delincuencia pavorosa en el país. Se necesitan muy buenas investigaciones, llevarlas a los procesos. Sostener las acusaciones ante la justicia y llegar a una sentencia. Si no somos capaces de hacerlo, lo único que estamos haciendo es posponer el problema.” 


Para el constitucionalista, maestro por la UNAM y doctor por la Universidad Complutense de Madrid, el sistema de justicia penal acusatorio que se aprobó en 2008 y entró en vigor en todo el país en 2016, fue prácticamente abandonado con todo y los problemas que significó su puesta en marcha y los ajustes que se le tienen que hacer. 



No valen salidas paralelas 





¿Cómo se va a hacer para que quien vive de robar, quien vive de la trata de personas, de la extorsión se salga de una actividad ilícita?, se plantea. Desde su punto de vista, no sólo es el dinero que le produce al delincuente, sino el sentido de pertenencia a un grupo que tiene sus narrativas, su música, sus códigos. Son condiciones mafiosas que para ellos son relevantes. 


“Un perdón en las actuales condiciones no sirve de nada”, asevera. Por qué un delincuente va a querer el perdón, si mañana y pasado puede delinquir porque la probabilidad de que lo detengan es prácticamente nula. Dirán entonces que no necesita el perdón de nadie. 


Desde la perspectiva del Estado, dice el ministro, un perdón así no son más palabras vacías “porque es como decir: fórmense para ver quién quiere ser perdonado. Muchos dirían: a mí me da un poco lo mismo. Algunos dirán que se fueron a amnistiar para que les borraran todo su pasado, pero al día siguiente estarán en la misma actividad porque nada se habrá transformado”. 


“¿Por qué alguien se va a salir simplemente porque se le ofrezca un trabajo? Es mucho más complicado que pensar que están en la delincuencia porque no tuvieron oportunidad de empleo. A lo mejor en el origen sí, pero ahora es mucho más complicado”, dice sobre la manera en que el gobierno de López Obrador ha explicado la participación de sectores sociales, sobre todo los jóvenes, en la delincuencia organizada. 


De acuerdo con el ministro, proponer salidas paralelas –parajudiciales, prejudiciales o metajudiciales– para resolver lo que la justicia no está haciendo, puede acabar por ser contraproducente. Primero porque aumentaría aún más la impunidad; y segundo, vendría un desencanto aún mayor hacia la justicia mexicana. 


Es muy bueno tener voluntad política y entusiasmo transformador, pero se necesita mucho trabajo técnico: “Para llevar a una persona a proceso y acusarla de corrupción, lavado de dinero o lo que sea, necesito entender que no es simplemente mi intuición, sino que tengo que ver un montón de evidencia bien construida para aplicar como juzgador una sentencia. Y eso mismo pasa con el Ministerio Público, los policías y los defensores”. Encargado de revisar las actuaciones de la autoridad en asuntos penales y civiles, y de cara a las salidas propuestas, Cossío Díaz afirma: 


“A veces tenemos la idea de que el Estado mexicano es grandísimo, que hay muchísimas autoridades. Pero lo que podemos ver es que muchas de las autoridades son muy incompetentes para hacer eso que el derecho les obliga a hacer. Consecuentemente, sus actos jurídicamente van a ser nulos y aquello que se quiso lograr como una buena idea, como una buena intención, como un modo de reparar males sociales acaba siendo tan malo como el problema que quisieron combatir. Con una desventaja, que después viene la decepción social”. 


Podría ser el caso de los desaparecidos, un tema al que piensa dedicarse cuando se convierta en ministro en retiro, casi a los 59 años. Hay miles de familias en México que tienen “muertos vivientes”. Es dramático lo que están viviendo las familias: “No saben qué pasó con ellos. Es una cicatriz que crece y si no se resuelve bien, la sociedad lo pagará en 10 o 15 años, cuando tendremos movimientos cada vez más radicales y dolidos”. 


Afirma: “Un Estado que no es capaz ni siquiera de entregar a los familiares los restos de las personas a quienes el Estado no tuvo la capacidad de proteger, se está construyendo una bomba de tiempo que estallará tarde o temprano”.


Fuente:https://www.proceso.com.mx/559115/en-materia-de-justicia-amlo-no-ofrece-soluciones-de-fondo-el-ministro-cossio

lunes, 29 de octubre de 2018

¿QUÉ HACEMOS CON LAS OBRAS INCONCLUSAS?




Felipe de J. Monroy | 23 de octubre de 2018

No me lo tome a mal, no estoy vaticinando nada. Sólo creo que no existe una verdadera preocupación sobre los proyectos que, abandonados, comienzan a levantar maleza en el silencio. Las obras inconclusas o los llamados ‘elefantes blancos’ son la ominosa prueba del verdadero dispendio, de corrupción, falta de liderazgo y ausencia de creatividad. 

Prácticamente no hay rincón del país donde no exista alguna de estas pruebas: cuando no es un centro de artes y oficios abandonado en su sola estructura en la Ciudad de México, es un hospital en obra negra en Veracruz, un distribuidor vial en Guanajuato, centros de salud en Oaxaca, centros urbanos, carreteras, vías de tren, presas, puentes, deportivos y un largo etcétera. 


Y no sólo causan problemas las obras inconclusas, también las obras presurosamente concluidas para beneplácito de la comunicación del gobernante en turno: hospitales perfectamente erigidos, pero sin galenos ni instrumental, sin servicios populares; vialidades expuestas al desastre y, por supuesto, el epítome de estos fraudes: sistemas de transporte sin pruebas de seguridad ni eficiencia. 


La obra inconclusa gubernamental y las obras entregadas al vapor son una afrenta al sistema de solidaridad y de corresponsabilidad institucional. No sólo representan el gasto y los costos en las inversiones que no proveen el servicio original al que fueron destinados; también provocan una incertidumbre mayúscula sobre la eficacia de la gobernanza, laceran la confianza representativa y fomentan una actitud de depredación por parte de las empresas.


Lo más natural es que las obras inconclusas o inservibles sean retomadas por nuevos gobiernos o participantes económicos; obras que en principio tuvieron un estudio de necesidad y viabilidad, se concursaron o asignaron licitaciones, se aprobaron presupuestos, en teoría tendrían todos los permisos y autorizaciones desde el aparato de gobierno y tuvieron un horizonte de cumplimiento que -evidentemente- no se cumplió. Otra solución es reacondicionar lo pobremente construido, darles una utilidad diferente a la original pero necesaria para un sector social. Esto en principio puede ser un sinsentido, pero hay que mirar algunas obras que, concluida su vida útil, se pueden convertir en un nuevo espacio de servicio. 

Sin embargo, lo importante no es reanudar la obra o darle un nuevo sentido. Lo absolutamente indispensable es fincar las responsabilidades económicas, legales y políticas a aquellos que dejaron abandonados los proyectos o cuyas corruptelas reventaron la burbuja de viabilidad y continuidad del proyecto. En su ensayo sobre la gobernanza de sociedades complejas, Daniel Innerarity explica que “el arte de la gestión presupone que, ante las dificultades encontradas, hay siempre una solución óptima única. Por el contrario, el campo político descansa sobre el reconocimiento de la incertidumbre”. Mientras la política permite la audacia de hacer lo mejor posible en unas condiciones determinadas, la gestión exige soluciones sin importar las condiciones. 


El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene frente a sí justo este doble desafío particularmente en lo que respecta al aeropuerto mexiquense en Texcoco o en Santa Lucía. En lo político, demostrar que se toman las decisiones audaces para fincar responsabilidades a las personas que reventaron el presupuesto original de la construcción o que mintieron en el proceso del proyecto; pero en la gobernanza administrativa, dar la solución óptima a dos escenarios contrapuestos: si se continúa el aeropuerto en Texcoco, sanar lo corregible; si se abandona la infraestructura ya construida, resolver qué hacer con esos 734 mil metros cuadrados ya transformados por el inicio de la obra. 


El político gobernante está obligado a enlazar dos parámetros diferentes entre sí y –en este caso– opuestos. Nuevamente Innerarity nos recuerda: “No puede agravar el mal que pretender disminuir, no debe emprenderla contra los valores de la comunidad, debe proponer soluciones viables… debe estar preocupado por el porvenir sin creerse, no obstante, que lo conoce con certeza”.



Nota:
El texto original de este artículo fue publicado por la Agencia Quadratín en la siguiente dirección: https://mexico.quadratin.com.mx/que-hacemos-con-las-obras-inconclusas-felipe-de-j-monroy/ 
Este contenido se encuentra protegido por la ley. Si lo cita, por favor mencione la fuente y haga un enlace a la nota original de donde usted lo ha tomado. Agencia Quadratín. Todos los Derechos Reservados © 2016.



lunes, 22 de octubre de 2018

1968 Y LA APERTURA DEMOCRÁTICA






El mito del “parteaguas histórico” 


Menciona Rosalbina Garavito[1] que “1968 fue un parteaguas histórico. Porque fue ahí que asomó la cabeza el ciudadano con demandas universales, no sectoriales>”. Sin embargo la realidad fue que el Consejo Nacional de Huelga, órgano creado para coordinar todas las movilizaciones y protestas de los estudiantes, presentó al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, un pliego petitorio de seis puntos: 

1. Libertad de todos los presos políticos. Es decir, de los estudiantes y activistas detenidos por manifestarse. 

2. Derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, el cual regulaba los delitos de disolución social, que se entendían como la difusión de ideas que perturben el orden público o afecten la soberanía nacional. 

3. Desaparición del cuerpo de granaderos, grupo policial participó en varios actos de represión estudiantil previos al 2 de octubre. 

4. Destitución de los jefes policiacos Luis Cueto y Raúl Mendiolea, quienes fungían como el jefe y el subjefe de la policía capitalina respectivamente y habían tenido roces con los estudiantes en varias ocasiones. 

5. Indemnización a las víctimas de los actos represivos, pues antes de la masacre de Tlatelolco, ocurrieron varios enfrentamientos que dejaron estudiantes muertos. 

6. Deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra los estudiantes y establecer un diálogo público entre autoridades y el CNH para negociar las peticiones. 

Y luego afirma correctamente Rosalvina Garabito: “Demandas políticas que se engancharon con la realidad de los líderes sindicales presos, Demetrio Vallejo y Valentín Campa”. Es decir, la realidad de 1968, es que fue la continuación de los movimientos ferrocarrilero, magisterial y de los médicos, en los se pugnaba por la libertad de los líderes de la izquierda, por no condenar la ideología marxista que los inspiraba, por la desaparición del cuerpo represor de los granaderos y de sus jefes, por la indemnización de las víctimas y el deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra estudiantes. 

Lo que no se ve por ningún lado son las “demandas universales, no sectoriales”; es decir, el mentado movimiento de 1968, no fue más allá de estas limitadas peticiones y aunque lo escriban y reescriban la historia no se puede cambiar. 

Coincido también con ella en que “La irreverencia frente al poder establecido fue la fiesta de la libertad”. Los manifestantes se contentaban con repetir estribillos como “¿Díaz Ordaz dónde estás?” frente a Palacio Nacional, o bien “Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Díaz Ordaz chin, chin, chin”. Los oradores se regordeaban desafiando al Presidente a un diálogo público en el Zócalo. Pero algo sobre una apertura democrática, sobre la apertura del registro de los partidos de izquierda, sobre la autonomía de organismo electoral, nada, nunca hubo nada. 


Lo que pasó después del 2 de octubre y el fin de la presidencia de Díaz Ordaz 




La mayoría de los estudiantes de entonces, no estábamos con el “movimiento” y menos con el “Consejo Nacional de Huelga”, ya que lo sentíamos como ajeno a nuestras instituciones además de que sus objetivos y pliego petitorio no tenían que ver nada con nosotros y nuestras escuelas. Los estudiantes lo que queríamos era prepararnos para poder tener un medio de vida, desarrollando la actividad profesional de nuestra preferencia. Así es que del 2 de octubre nos enteramos por la prensa de lo ocurrido y vimos las fotos, que no eran como las caricaturas de Rius (en donde los soldados de pie, masacraban a los estudiantes y como unos estaban frente a otros, pues ametrallaban a sus propios compañeros). Las fotos mostraban a soldados en posición de tirador con rodilla en tierra, pecho a tierra y parados protegiéndose tras las paredes o columnas, apuntando siempre hacia arriba. Aún conservo estas fotos de una publicación de izquierda equivalente a la revista Proceso de hoy (aunque más radical) y que se llamaba ¿Por qué? 

Como no podíamos estudiar, pues nos concentramos en las Olimpiadas, en las que México obtuvo medallas como nunca y después esperamos la reapertura de las escuelas. 

Así pues, término su período presidencial Díaz Ordaz, sin mayor incidente que el desprendimiento de retina que le ocasionó su amante Irma Serrano, con tremenda cachetada. 


El “ogro filantrópico”, “la monarquía transexenal” o “la dictadura perfecta” 



Con estos términos en distintas décadas, se han referido al sistema político intelectuales como Octavio Paz, Daniel Cossío Villegas y Mario Vargas Llosa. Quizás la más ilustrativa es la de Cossío Villegas que afirmaba que en México gobernaba una "monarquía absoluta sexenal, hereditaria por vía transversal cada seis años" 


El gobierno de Luis Echeverría Álvarez 


Subió a la “Silla presidencial” el tenebroso Luis Echeverría Álvarez, cuyo perfil psicológico según varios especialistas, era semejante al de Mussolini y que rompió de tajo con el “desarrollo estabilizador” y quiso imponer al Estado como rector de la economía, iniciando la compra de numerosas empresas a punto de quebrar y creando un “sector paraestatal”.

El exembajador de Estados Unidos Joseph John Jova– develaría que las decisiones del expresidente fueron determinantes en el destino de los periódicos Excélsior, El Universal y El Sol de México.


Hombre de izquierda, pero bajo su control 


Echeverría Álvarez, miembro de un grupo del que sería la cabeza por muchos años y que Carlos Salinas bautizaría como “la nomenklatura”, mantuvo una ideología masónica liberal pero con influencias del marxismo, en su acepción populista. Aunque identificado con el marxismo no permitió, sin embargo que, la izquierda histórica (la proveniente del Partido Comunista Mexicano y la guerrilla) saliera de su control. 

<<…cuando yo tomé posesión había como cuatrocientos estudiantes presos –algunos miembros del Consejo Nacional de Huelga–. Tomé posesión el día 1 de diciembre de 1970; el día de la Navidad, 380 ya estaban en sus casas con sus familias. Eso no le cayó bien (a Días Ordaz). […] Después de que tomé posesión, Díaz Ordaz y yo ya no cruzamos palabra.>>[2]

Lo que siguió es que gran parte de estos estudiantes fueron a estudiar en el extranjero, algo que ellos no callaron, pero lo que sí ocultaron fue quien otorgó y pagó sus becas. A su regreso, ya como masters fueron incorporados en la Administración Pública. 

La masacre del 10 de junio de 1971, sirvió para enseñar a la izquierda estudiantil quien mandaba, y reveló una gran similitud en el modo de operar del 68. Los verdugos en esta ocasión fueron los “halcones” grupo paramilitar creado cuando aún era Secretario de Gobernación. Sirvió también para deshacerse de una gente de Díaz Ordaz: Alfonso Martínez Domínguez, Jefe del Departamento del Distrito Federal. Fue ambivalente ante la izquierda, ya que si por un lado la reprimía, por otro lado le otorgaba empleos directivos en su gobierno y becas, consolidaba alianzas con Fidel Castro y Salvador Allende de Chile y daba asilo político y becas a los “tupamaros”, y a otros grupos guerrilleros y a toda clase de emigrados políticos. Fue él, después de Lázaro Cárdenas, quién acabo entregando la educación a los refugiados de la izquierda, en especial a los chilenos, tras la caída de Allende. 



Para entonces, el que ahora escribe terminaba su carrera en la Facultad de Contaduría y Administración y después de titularse y conseguir un trabajo de medio tiempo en un despacho ubicado en San Ángel, iniciaba el Propedéutico para la Maestría en Sociología dentro de la Facultad de Ciencias Políticas, en donde estudiaban las élites del PRI y del PAN y en donde trabé amistad con Arturo Zama, jefe de de la Juventudes del Partido Comunista Mexicano. No sé cómo se dio, quizás porque ambos rebasábamos la edad común del estudiantado, pero para mí era la comprobación de que los líderes marxistas no surgen del proletariado, sino de la burguesía, tal como ocurrió con Marx, Engels, Lenin y muchos más. Arturo vivía en las Lomas de Chapultepec, en las vacaciones de verano viajaba a Europa, vestía a la última moda, con sacos de piel. No obstante era generoso y así por ejemplo me obsequiaba pases para la Muestra Cinematográfica Internacional del cine Roble. También empecé a trabar amistad con Julio, un acomodado joven uruguayo asilado en México por ser perseguido como miembro del “movimiento Tupamaro”, becado por el gobierno mexicano; sin embargo esta amistad fue interrumpida por una par de tetas que lo absorbieron totalmente. 

Durante su sexenio florecieron los grupos guerrilleros con líderes como Genaro Vázquez Rojas y Lucio cabañas. Formó o se sirvió de la “liga comunista 23 de septiembre” para aniquilar a sus adversarios políticos como el empresario Eugenio Garza Sada y ante la suspicacia popular auto-secuestró a su suegro, quien reapareció días después sano y salvo. El comentario sobre un zapato perdido en el secuestro y con el que apareció ya en una foto secuestrado, le valió al fallecido periodista Abraham Zabludovsky, el exilio en España. 


Política económica 


Aunado a la crisis internacional provocada por la escasez de petróleo, aumentó de forma considerable el gasto público, emitiendo papel moneda sin valor y contratando deuda. Durante su mandato se dio la primera crisis económica desde el inicio del llamado "Milagro Mexicano". Además, se lanzó a la compra de empresas al borde de la quiebra para sostener los empleos, pero a costa de ineficiencias y corrupción. Durante su gobierno se abandonó el tipo de cambio fijo que existía desde 1954, de $ 12.50 por dólar, y al final de su sexenio llegó a los $ 25 pesos por dólar. La deuda externa aumentó de los manejables 6,000 millones de dólares que había heredado Díaz Ordaz a más de 20,000 millones. 

Aplicó un modelo estatista de economía, “nacionalizando” (estatizando) empresas, creando fideicomisos y fondos para todo, mismos que fueron financiados con el endeudamiento externo y la emisión de billetes sin soporte, lo que llevó a la devaluación, e inflación y a liquidar el modelo del “desarrollo estabilizador” de los últimos sexenios. 

Se quiso promover como líder del 3er. Mundo, por lo que realizó viajes a países de Europa, Asia, Oceanía, África y América Latina. Su gobierno fue muy cercano a los regímenes socialistas de Chile y Cuba. Dio asilo a Hortensia Bussi, esposa del presidente chileno Salvador Allende, cuando éste murió en 1973 después de ser derrocado por el golpe de estado de Augusto Pinochet. También dio asilo político a gran número de exiliados provenientes de las dictaduras de América del Sur. Pero como se mencionó anteriormente, tuvo mano dura con los movimientos de izquierda nacional. 

Ante su intentó de permanecer en el poder, creó una gran inquietud; se habló incluso de un golpe de estado militar, pero finalmente el rechazo de Fidel Velázquez, de la cúpula empresarial y de otros sectores del PRI lo hicieron recapacitar. 

De cómo se gestó la apertura democrática




El presidente Echeverría, con base en una añeja amistad, designó como su sucesor a José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco, nieto de José López Portillo y Rojas, senador y gobernador de Jalisco e hijo de José López Portillo y Weber, ingeniero, historiador, investigador y académico, es decir fue un hombre muy preparado y conocedor de las lides políticas. José López Portillo inició su campaña bajo el lema "La solución somos todos" pero sin adversario alguno, pues el único partido verdaderamente opositor con registro, el Partido Acción Nacional (PAN), no presentó abanderado debido a “fuertes divisiones internas” (personalmente pienso que fue una estrategia para lograr lo que se siguió). El candidato del PRI, no obstante inició una gira para promover su campaña por todo el país, gira en la que los fotógrafos lo captaron correteando a Rosa Luz Alegría, su amante en turno. Es decir fue un tour romántico para conocer el país y darse a conocer. 

Llegaron las elecciones del 4 de julio de 1976, en donde los partidos participantes eran el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con sus partidos satélites: el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y el Partido Popular Socialista (PPS), y el Partido Acción Nacional (PAN), llamada la fiel oposición, porque aunque no ganaba siempre estaba presente. Existía también Partido Comunista Mexicano (PCM) sin registro y que por tanto no era tomado en cuenta en las elecciones y que lanzó a uno de sus líderes históricos, el sindicalista Valentín Campa, como candidato simbólico.

Los resultados de las elecciones mostraron que de un padrón de 25,913 063 registrados López Portillo había obtenido votos por 16,424 021, ganado los 64 senadores elegibles y el 195 de los 196 diputados elegibles, es decir, lo que se conocía como “carro completo”. 

Hombre inteligente y profundamente narcisista, quedo dolido por el ridículo internacional de haber competido sin oposición, con lo que quedaba de manifiesto que no existía una verdadera democracia; por lo que una vez en el poder instruyó a su Secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles para hacer los cambios necesarios. 

Para su beneficio Reyes Heroles, era un funcionario y jurista respetado, atípico dentro de la clase gobernante en su carácter de culto historiador del Liberalismo en México e ideólogo del Estado. Reyes Heroles seleccionó la población de Chilpancingo, Guerrero capital de la entidad donde habían surgido el mayor número de movimientos campesinos y armados contrarios al gobierno, como los de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas para anunciar el 1 de abril de 1977 la decisión de promover cambios sustantivos en el esquema electoral abriendo espacios y haciendo frente a la inminente realidad política, para ello fueron convocados al debate la oposición en pleno y el mundo académico e intelectual a efecto de consensuar la reforma, que se expresó en modificaciones constitucionales y en la aprobación, en diciembre de aquel año, de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LOPPE), misma que ordenaba la estructura de un colegio electoral; otorgaba el registro a más de una organización que permanecía en la clandestinidad (como el mencionado Partido Comunista); permitía las coaliciones; abría tiempos oficiales en radio y televisión para la promoción de las distintas fuerzas políticas; contenía la nueva fórmula de la representación proporcional (consistente en la repartición de cien escaños entre los partidos según el porcentaje nacional de sufragios que obtuviesen en ese rubro de votación, independientemente de los distritos electorales ganados o perdidos, garantizando de ese modo la presencia parlamentaria de todas las siglas y corrientes); y aumentaba de 186 a 400 el número de diputados que integrasen la Cámara Baja, lo cual obligó a la construcción del Palacio Legislativo de San Lázaro para darles cabida. 






En qué consistió la Reforma Política 


• Se modificó la Constitución y se elaboró una Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (la LFOPPE), misma que introdujo cambios esenciales en el funcionamiento del sistema electoral mexicano. 

• Se asignaron atribuciones a la Comisión Federal Electoral (CFE), máximo organismo electoral colegiado, que antes estaba en manos directas de la Secretaría de Gobernación, tales como el otorgamiento o la cancelación del registro legal de los partidos. 

• Se mantuvo la representación paritaria de los partidos en la CFE (introducida en la ley de 1973), las comisiones locales y los comités distritales, en virtud de la cual a cada partido correspondía un comisionado con voz y voto. 

• El artículo 41 constitucional estableció la figura de los partidos políticos como "entidades de interés público", definiéndose tres prerrogativas fundamentales para su desarrollo: el derecho al uso permanente de los medios de comunicación; el derecho a contar, en forma equitativa, con un mínimo de elementos para llevar a cabo sus actividades, y el derecho a participar en las elecciones estatales y municipales. 

• Se introdujo la figura del "registro condicionado", que permitió la obtención del registro legal a los partidos que acreditaran al menos cuatro años de actividad política sostenida y demostraran representar una corriente política definida. Este registro se transformaba en definitivo si el partido lograba al menos el 1.5% de los votos, una proporción poco exigente. Por esta vía, obtuvieron su registro, en 1979, el Partido Comunista Mexicano (PCM), el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y el Partido Demócrata Mexicano (PDM). En 1982 lo obtuvo el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), y tres años más tarde el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT). 

• Se sistematizó todo un capítulo de la nueva legislación electoral dedicado a las prerrogativas de los partidos políticos, integrando las que ya existían desde la reforma de 1963 (la exención del pago de cuatro impuestos) y la de 1973 (franquicias postales y telegráficas y acceso a radio y televisión durante los periodos de campaña electoral), creando otras dos nuevas: contar con los medios adecuados para sus tareas editoriales (papel, impresión, medios para sostener sus cuerpos de redactores, etc.), y contar en forma equitativa, durante los procesos electorales federales, con un mínimo de elementos materiales para sus actividades (folletos, carteles, etc.). 

• Se convirtió en permanente el acceso a radio y televisión y no solamente durante los procesos electorales. 

• Respecto al desarrollo del proceso electoral, hay modificaciones sustanciales como la relativa a los tiempos de entrega de los paquetes electorales de las casillas a los comités distritales. La ley de 1973 daba una semana completa de margen para dicha entrega, lo cual facilitaba la manipulación de los resultados. La Ley de 1977 disminuyó los tiempos hasta un máximo de 72 horas para las zonas rurales y un mínimo de 24 para casillas urbanas en cabecera de distrito. Además, transformó la violación sin causa justificada de dichos tiempos en una causal de nulidad de la votación recibida en la casilla. 

• Se modificó la integración de la Cámara de Diputados con la finalidad de dar márgenes mayores de representación a los partidos minoritarios, estableciéndose un sistema mixto que combinó el principio de representación de mayoría relativa con el de representación proporcional (hasta 100 diputados electos en circunscripciones plurinominales). Este último estaba reservado exclusivamente para los partidos de oposición, pues el requisito para participar de tal asignación era haber obtenido menos de sesenta triunfos de mayoría. 

• Se mantuvo el sistema de auto calificación, por el que las Cámaras de Diputados y de Senadores conocían de su propia elección y resolvían las impugnaciones. La elección presidencial seguía siendo calificada por la Cámara de Diputados, erigida en Colegio Electoral, predominando el criterio político sobre el jurisdiccional. De poco sirvió la introducción del recurso de reclamación que los partidos políticos podrían interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar las resoluciones del citado Colegio en la Cámara Baja, pues éste tenía la última palabra. 

Finalmente, sería a fines de 1982 en que se reformaría el artículo 115 constitucional, eliminándose él limite poblacional establecido para la adopción del principio de representación proporcional en la elección de los ayuntamientos, aprobada el 2 de febrero de 1983, rescatándose así al municipio como “núcleo de los principios democráticos”, de la misma forma que en que la Cámara de Diputados pasó a 500 curules: 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. 

Conclusión 




La historia de las modificaciones constitucionales para afinar el sistema es un largo camino. Larga es también la historia para lograr la apertura de los medios de comunicación controlados por el Estado priísta y si la mayoría de los cambios ha sido para bien, hay uno iniciado en 1977 que ha implicado la corrupción de los partidos, una derrama cada vez mayor de recursos del erario público, y que ha llevado a algunos a llamarla como la “democracia más cara del mundo”. 

Interesantes fueron las propuestas del Congreso Nacional Ciudadano.org [3], el 27 de mayo de 2018, de las que señalo algunas: 

1. Eliminación de los financiamientos a los partidos políticos.
2. Eliminación a propaganda política. Por sus méritos y hechos el pueblo decidirá sus servidores públicos. 
3. Eliminación del FUERO para servidores públicos.
4. Cero dinero de las familias mexicanas a sindicatos del estado.
5. Eliminación de la pensión a expresidentes de la República.
6. Máximo 250 diputados y 32 senadores y con un máximo de sueldo de 10 salarios mínimos. 
9. Reducir las Secretarias de estado a la mitad y cero inspectores; el pueblo vigilará.
Fuerzas armadas sólo para proteger la soberanía nacional.
11. Ningún sueldo de regidor o diputado superior al salario mínimo, ya que su trabajo es un puesto honorario.
12. Pena máxima de cárcel a servidores públicos corruptos, sin finiquito económico.
13. Nuestras reservas serán en oro y plata no en dólares.
15. Servicios médicos para los servidores  públicos iguales a los de cualquier ciudadano... 

Parecen sólo buenos deseos, pero por esto se empieza… 


Jorge Pérez Uribe

Notas:
[1] Revista Relatos e Historias en México, número 121, México, octubre 2018 
[2]https://www.letraslibres.com/mexico/revista/entrevista-luis-echeverria-alvarez-fui-leal-las-instituciones 
[3] https://congresonacionalciudadano.wordpress.com/mandatos-del-pueblo-de-mexico-2018/ 
El Congreso Nacional Ciudadano.org ha dado lugar en este sexenio al Frente Nacional Antiamlo (FRENA)

lunes, 15 de octubre de 2018

MENSAJE MILITAR A LÓPEZ OBRADOR



Desde el fin de semana circula profusamente un escrito anónimo de un militar, en donde encara al presidente electo Andrés Manuel López Obrador por su intención de deshacerse de las Fuerzas Armadas y le pide que se apoye en ellas, sin menospreciarlas ni difamarlas porque son leales a él. Son mil 35 palabras respetuosas pero fuertes donde apunta que deshacerse de ellas es prescindir de la institución más sólida en México. La carta fue firmada por un oficial de alto rango, según fuentes castrenses, y no representa el punto de vista de un militar, o de algunos, sino expresa el sentir generalizado en las Fuerzas Armadas. El texto, ligeramente editado por razones de espacio, es el siguiente: 


“Me dirijo a usted con el respeto que impone su próxima investidura como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. No le escribe un periodista, columnista, analista o especialista en fuerzas armadas, no le escribe un adversario político. Le escribe un militar. Comenzaré por manifestarle que desde que tengo uso de razón, siendo apenas un niño, deseé fervientemente pertenecer al Ejército Mexicano y desde ahí servir a mi país. Así que con ese amor a mi país y a mi ejército le escribo. 


“Primero, quisiera que le quedara claro que ser militar es una profesión; así como usted es un licenciado en derecho, yo soy un militar; así como otros son médicos, yo soy militar; así como otros son ingenieros, yo soy militar y no se puede cambiar una profesión por decreto o por ley.Usted decidió ser abogado y estudió en la UNAM para serlo. Yo decidí ser militar y estudié en el Heroico Colegio Militar. No sé si usted ha ejercido como abogado, pero yo sí he ejercido mi profesión por décadas sin interrumpirla por un segundo. 


“Equivocadamente, usted piensa que un soldado ejerce su profesión únicamente en la guerra, es decir, en la lucha armada entre naciones. No, un militar aplica sus conocimientos y los ejerce aún sin que el país esté en un conflicto armado, y no profundizaré sobre este tema porque me llevaría horas hablar sobre teoría del Estado, soberanía, geopolítica, diplomacia, historia, estrategia, geoestrategia, defensa nacional, política de defensa, política militar, estrategia militar, logística, táctica, orgánica, economía de guerra, economía de paz, movilización, seguridad internacional, seguridad hemisférica, seguridad regional, seguridad nacional, poder nacional, sociología de la guerra, derecho de la guerra y otras tantas disciplinas que requiere conocer un profesional de las armas. 


“En sus últimos discursos, usted ha planteado dar un giro a la naturaleza de las Fuerzas Armadas Mexicanas, cambiarles, o, mejor dicho, quitarles su razón de ser: la defensa exterior. Esta función está mandatada para usted en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 89 y, una vez que tome el cargo, será su facultad y obligación. Sepa usted que el espíritu de ese artículo tuvo sus orígenes en la necesidad del Estado mexicano no solo de defenderse ante una agresión armada sino, primordialmente, de prevenir la guerra. 


“Con el respeto que merece, le digo que se equivoca al pensar que solo porque no hay guerra, no se necesita un ejército. Análogamente, sería como pensar que sólo porque en México está erradicado el sarampión, ningún niño debería ser vacunado contra es enfermedad. Señor López, usted plantea la posibilidad de una guerra al decir que si esta ocurre en México todos los mexicanos realizarán la defensa nacional. Efectivamente, así debe ser, solo que su concepto de defensa nacional es erróneo. La defensa nacional y la guerra requieren que los médicos sigan curando y salvando vidas, que los ingenieros sigan diseñando, creando y construyendo, que los obreros y campesinos sigan produciendo, que los maestros sigan enseñando, que los banqueros sigan operando el sistema financiero, que los empresarios sigan invirtiendo, que los abogados sigan litigando y así, todos los profesionistas y técnicos sigan haciendo las actividades para las que fueron preparados mientras los militares hacemos la guerra. 


“Equivocadamente, afirma que en nuestra historia la defensa del país la ha hecho todo el pueblo, si así hubiera sido, tendríamos hoy un territorio más grande que el de los Estados Unidos. La defensa del país durante las invasiones únicamente la realizó el ejército, pero sin armas suficientes, sin municiones, sin comida, sin equipo para el frío o el calor y sin demás pertrechos. ¿La razón? En la defensa no participó todo el pueblo. No había quien diseñara las armas ni quien las fabricara; la economía era raquítica, no había quien produjera todo lo que se necesitaba para la guerra; no había unión. En 1847, el Ejército Mexicano fue vencido en combate y el resto del pueblo solo observó cómo el invasor izaba su bandera en Palacio Nacional después de que miles de soldados mexicanos murieron en el intento de detenerlo. 


“Usted pretende convertir al Ejército en guardia civil, eso sería un gravísimo error. Ningún gobernante que quiere pasar a la historia como un estadista se deshace de su ejército. Por el contrario, lo emplea como el más fuerte instrumento a su disposición para proteger al Estado. Así ha sido siempre. Convertir a un militar en un policía es como querer convertir a un ingeniero en un médico; a un biólogo en un arquitecto; a un matemático en un sociólogo o a un electricista en un carpintero, en todo caso, en el intento de ejercer su nueva actividad, fracasará. Los militares no debemos y no queremos ser convertidos en policías. No cometa un error elemental de política, deshacerse del ejército es poner en riesgo la propia existencia del Estado mexicano”. 

Raymundo Riva Palacio 15 de octubre de 2018

Fuente: http://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-mensaje-militar-a-lopez-obrador/